Este viernes, la JEP declaró formalmente iniciada la ejecución de las sanciones impuestas al antiguo secretariado de las Farc por la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, dentro del Caso 01, relacionado con secuestros.
Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y Pablo Catatumbo deberán cumplir ocho años de sanción. Milton de Jesús Toncel, tendrá una sanción de siete años, ocho meses y 25 días; Jaime Alberto Parra, de siete años, diez meses y dos días; Pastor Alape, de seis años, once meses y 22 días; Julián Gallo, de seis años; y Rodrigo Granda, de cinco años.
Durante ese periodo, los siete excomandantes tendrán restricciones sobre su movilidad. Deberán permanecer en una residencia fija en la sede territorial que corresponda a cada fase y no podrán cambiarla sin autorización de la JEP.
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Además, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., deberán realizar trabajos y obras para reparar a las víctimas. Tampoco podrán salir del departamento sin permiso ni abandonar el país durante el tiempo que dure la sanción y tendrán dispositivos de seguimiento electrónico.
La decisión hace parte del caso 01 de la JEP, que investigó la toma de rehenes y las graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc. Según la JEP, estos hechos se extendieron por todo el país y dejaron 21.396 hechos victimizantes.
La jurisdicción concluyó que el antiguo secretariado utilizó el secuestro como una política criminal con tres propósitos: financiar a la organización armada, presionar al Estado para lograr un intercambio de prisioneros y ejercer control social y territorial.
¿Cuáles son los trabajos que deberán hacer?
La sentencia establece que los condenados no irán a prisión, sino que deberán cumplir sanciones restaurativas a través de 79 actividades distribuidas en diferentes zonas del país afectadas por el secuestro.
La primera actividad, que se iniciaría la próxima semana, se realizará en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Sin embargo, esta empezaría con retrasos.
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llí, Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel participarán en jornadas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entre sus labores estarán la excavación y el apoyo logístico durante las jornadas.
Después de las primeras labores de búsqueda en Huila, la segunda se desarrollará en Antioquia, con actividades de desminado humanitario y construcción de vías.
La tercera abarcará Caquetá y Meta, con obras urbanas y labores ambientales, mientras que la cuarta incluirá zonas como El Carmen de Bolívar y San Jacinto, donde se harán obras comunitarias, adecuación de vías rurales y reforestación.
Las últimas tres fases contemplan, entre otras actividades, apoyo en la construcción de viviendas en Huila, Putumayo y Nariño, la construcción de un centro educativo en Santander y acciones de memoria y mejoramiento de vivienda entre 2031 y 2034, por nombrar algunas tareas.
El plan también asigna responsabilidades al Estado: Hacienda y Planeación deberán garantizar los recursos, mientras que la ARN estará a cargo de aspectos como alojamiento y alimentación de los condenados. Además, las víctimas deberán ser consultadas sobre las actividades que se desarrollarán en sus territorios.
Opiniones divididas
Mientras la JEP señaló al momento de impartir la sentencia que se trataba de la máxima sanción propia. No en todos los sectores parecen estar conformes con las penas impuestas.
“La ‘sanción’ de la JEP: después de casi de 4 billones gastados y de 8 años de tener en el Congreso a quienes fueron responsables de graves crímenes, la respuesta son ‘trabajos comunitarios’. Sin justicia, sin verdad efectiva y sin seguridad, no habrá paz posible”, escribió en su X el senador Hernán Cadavid (Centro Democrático).
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En esa misma línea opinó también la senadora Sara Castellanos: “Ya era hora de una sanción contra Timochenko. Sigo creyendo que 8 años son una burla para las víctimas, pero bueno. Se demoraron tanto que la decisión llegó justo cuando se les apretó con el presupuesto”.
En su momento, cuando se emitió la sentencia en septiembre del 2025, el excongresista Jaime Lozada (Conservador), cuyo padre fue secuestrado y asesinado por las Farc, dijo: “Lo digo sin rencor, pero sí con claridad, la decisión de la JEP me duele, me indigna y me revictimiza profundamente”.
Por su parte, en ese momento el magistrado Camilo Suárez Aldana, ponente de esta decisión judicial dijo: “Esta sentencia no borra el sufrimiento, pero es un acto de reconocimiento. Es la voz que le dice a la sociedad colombiana y al mundo que lo ocurrido fue injustificable e inhumano. (...) Esta justicia les exige mucho más a los responsables que estar encerrados en cárceles: tuvieron que reconocer públicamente sus crímenes, aportar verdad, dar la cara a las víctimas y ahora deberán trabajar en favor de ellas”
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