Un llamado al Gobierno para mantener y fortalecer la Instancia de Articulación (Insart) entre el Ejecutivo, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas fue hecho por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de una carta dirigida al ministro de Justicia, Iván Cancino.
En tal sentido, la Jurisdicción pidió que ese mecanismo sea incorporado en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, al tiempo que recordó que las sanciones restaurativas que impone, contempladas en el Acuerdo de Paz, el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley Estatutaria 1957 de 2019, y avaladas por dos sentencias de la Corte Constitucional, tienen una doble naturaleza restaurativa y restrictiva de derechos.
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Según la JEP, aunque los jueces transicionales imponen las condenas, su materialización efectiva es responsabilidad exclusiva del Gobierno, lo que configura una corresponsabilidad entre ambas instituciones en la lucha contra la impunidad en crímenes internacionales.
La Insart, creada por el artículo 205 de la Ley Estatutaria como escenario de coordinación entre las entidades del Ejecutivo responsables de garantizar el cumplimiento de las sanciones por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, ha realizado desde 2022 diez sesiones ordinarias, tres extraordinarias y 110 reuniones de sus mesas técnicas, según el documento.
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Entre sus resultados, la JEP destacó el rastreo de la oferta institucional pública gestionada por el Departamento Nacional de Planeación y entidades de los distintos niveles de gobierno para la imposición de sanciones con una vocación temporal de ocho años, así como el mapeo de la capacidad financiera de las entidades involucradas y el impulso a la aprobación del Decreto 652 de 2026, que fija condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad social para la ejecución de las sanciones.
La Jurisdicción precisó que este trabajo, adelantado antes de la expedición de las primeras sentencias y con el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Verificación de la ONU, la Procuraduría y la Contraloría, permitió condenar a máximos responsables de secuestro y ejecuciones extrajudiciales a trabajos restaurativos vinculados con desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, planes integrales de memoria y espacios multipropósito para el pueblo Kankuamo, entre otros proyectos.
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La JEP advirtió que, ante la próxima emisión de nuevas sentencias por parte del Tribunal para la Paz, el trabajo de la Insart resulta aún más necesario, pues sin la articulación entre el Gobierno y la magistratura no habría proyectos restaurativos viables, lo que pondría en riesgo la definición de la situación jurídica de militares y ex combatientes de las Farc ya condenados o por condenar, además de frustrar las expectativas de las víctimas que han confiado en el proceso transicional.
Por ello, la Jurisdicción pidió a la cartera de Justicia, en su calidad de Secretaría Técnica de la Insart, convocar lo antes posible a una sesión ordinaria de la Instancia para poner al tanto a los funcionarios del nuevo Gobierno sobre los avances logrados y los retos inmediatos para el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Jurisdicción.
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