Un juzgado de Arauca ordenó suspender los bombardeos contra grupos armados en el departamento hasta que se adopte un protocolo que proteja a los menores de edad y evite su muerte en medio de los operativos militares.

La decisión judicial fue tomada en respuesta a una acción de tutela presentada por el personero municipal de Puerto Rondón contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional.

Lo que busca el demandante es que las autoridades establezcan, publiquen e implementen, en un plazo máximo de un mes, un protocolo que evitara la muerte de menores. Lo anterior, a través de operaciones de inteligencia sobre su presencia en las zonas donde se adelantarían las operaciones, el análisis del impacto en civiles y bienes civiles, así como la aplicación de los principios de necesidad militar y limitación de la acción hostil.

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Argumentos con los que coincidió el juez que estudió la tutela: concluyó que los protocolos vigentes no contemplan mecanismos específicos para verificar la presencia de menores reclutados antes de ejecutar operaciones aéreas. Sobre todo teniendo en cuenta que los menores de edad que suelen morir en esos operativos son considerados víctimas del conflicto armado y, por ello, sujetos protegidos por el DIH.

En ese sentido el Gobierno tendrá, según el fallo, dos meses para establecer ese protocolo. Mientras tanto, no se podrán desarrollar ese tipo de operaciones en la región. Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado al respecto.

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