Con investigaciones avanzadas y cinco preacuerdos firmados, el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) avanza hacia decisiones judiciales claves, pero también enfrenta retos significativos en la identificación de responsabilidades de altos funcionarios y la reparación integral a las comunidades afectadas.
Este caso, que involucra redes de corrupción y el desvío de millonarios recursos públicos, plantea preguntas sobre los próximos pasos, los tiempos procesales y el impacto político de las decisiones judiciales que se tomen en las próximas semanas y meses.
A medida que la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República continúan con los procesos, el país espera que en los próximos meses se concreten decisiones que puedan dar respuesta a las denuncias de irregularidades en dicha entidad.
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Un calendario clave
Las investigaciones iniciadas en febrero han sido calificadas como “exitosas” por expertos como Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.
Según Bernate, antes de finalizar el año se esperan cinco condenas derivadas de los preacuerdos alcanzados, algo sin precedentes en el sistema judicial colombiano. Estos acuerdos implican la devolución de recursos desviados y sanciones penales y económicas.
“Un caso como estos en otras administraciones tomaba cuatro o cinco años. Odebrecht todavía está activo. Es más, en nuestro país incluso sigue activo el caso de Foncolpuertos, que es una investigación del 95”, argumentó el penalista.
En términos procesales, se esperan audiencias clave en las próximas semanas para formalizar nuevas imputaciones contra ex funcionarios de rango medio. Asimismo, las acciones contra figuras de alto perfil, como ministros y directores de entidades gubernamentales, están bajo análisis de la Corte Suprema, con posibles definiciones en el primer semestre del próximo año.
Las figuras de mayor rango
Además, hay señalamientos contra figuras de mayor rango que permanecen en una zona de incertidumbre judicial. Entre ellos destacan Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública; y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia.
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Según las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, estos altos funcionarios estarían implicados en el direccionamiento de contratos y transferencias irregulares de recursos. Sin embargo, hasta ahora no se han realizado acciones concretas para esclarecer su papel en estos hechos.
“Cada avance en este caso es importante para enfrentar la sensación de impunidad que existe frente a los casos de gran corrupción en nuestro país. Sin embargo, además de sancionar a los responsables directos, es importante reformar las estructuras que permitieron estos actos y garantizar la reparación de las víctimas.” afirmó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.
Los órganos de control
Los órganos de control han intensificado sus actuaciones frente a las irregularidades en la UNGRD. La Contraloría General de la República avanza en 17 investigaciones fiscales relacionadas con contratos para ollas comunitarias, carrotanques y maquinaria amarilla, los cuales comprometen más de $96 mil millones.
Además, este organismo ha emitido medidas cautelares por $29.013 millones en procesos críticos, aunque persiste la falta de claridad sobre la identidad de varios responsables directos, dejando en evidencia la necesidad de mayor transparencia en la gestión de estos recursos.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, por presunta participación indebida en política. Pinilla es señalado de haber favorecido campañas políticas locales mediante el uso clientelista de recursos públicos, lo que representa una grave violación a los principios de imparcialidad y probidad en la administración estatal.
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Ante este panorama, Bernate cuestionó el accionar del Ministerio Público, señalando su avance independiente y a un ritmo que contrasta con la coordinación entre la Fiscalía y la Corte.
¿Hacia dónde apuntan las decisiones futuras?
El próximo año será crucial para definir las responsabilidades de altos funcionarios y garantizar la reparación integral a las comunidades afectadas, como las indígenas en La Guajira, quienes esperan ser reconocidas como víctimas.
Además, la Corporación Transparencia por Colombia advierte que la inacción en estrategias anticorrupción y los retos en el control financiero podrían comprometer los avances alcanzados.
En términos procesales, Bernate enfatizó que “no existe riesgo de impunidad por vencimiento de términos o prescripción, ya que los acuerdos avanzan rápidamente y tienen plazos de más de 20 años para su resolución”.
Antes de que termine este Gobierno, se espera que se logren al menos cinco condenas relacionadas con los casos en curso. Según lo señalado, varios de estos procesos involucran a funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, mientras que en uno de ellos el acusado principal es un contratista.
Respecto a los ministros implicados, se prevé que las imputaciones se realicen antes de finalizar la actual administración. Sin embargo, tras esta etapa, los tiempos podrían prolongarse, ya que el avance de los casos dejará de depender de la Fiscalía General de la Nación y pasará a estar sujeto a los ritmos de los despachos judiciales encargados.
Sin embargo, el camino hacia la justicia completa sigue siendo incierto y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para el desenlace de uno de los mayores escándalos de corrupción del último tiempo en el país.
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