Inició con pie izquierdo el debate de control político en la Comisión Segunda del Senado al que el Canciller, Álvaro Leyva, fue citado. 

A pesar de que había un cuestionario sobre el proceso licitatorio de la elaboración de pasaportes, la realidad es que el Canciller insistió en desarrollar el debate a su estilo y finalmente no dio mayor explicación.

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La senadora oficialista Gloria Flórez le hizo reparos sobre el por qué se tuvo en cuenta el mismo pliego de requisitos del Gobierno anterior y el por qué no se amplió el plazo para que las demás aspirantes alcanzaran los méritos, al deslizar de un posible amaño en la licitación.

La molestia de los presentes fue aún más evidente cuando el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores les demandó leer las resoluciones en las cuales se declara desierta la licitación y, también, se declara la urgencia manifiesta, pues según él “no hay nada peor que hacer debates sin conocer el contenido”.

El presidente de la Comisión, sin embargo, le respondió con vehemencia que las conocen todas y aprovechó para reclamarle que es él quien no ha “querido venir” a las demás citaciones que se le han hecho.

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Otro senador que expuso sus inconformidades fue José Luis Pérez, refiriéndose puntualmente al nombramiento del embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, una decisión que calificó de “fracaso de la Cancillería y del Gobierno”, pues le consta que “se la pasaba tomando trago” y no asistía o llegaba tarde a los compromisos que su agenda diplomática exigía.

Luego salió a relucir el tema de Martha Lucía Zamora, la saliente jefa de la agencia jurídica del Estado, por quien Flórez abogó al afirmar que la conocía personal y laboralmente y sostener que se trataba de una mujer “respetable”.

A la abogada se le pidió la renuncia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado luego de que se revelara de los gritos a los que fue sometida por parte del Canciller en los pasillos del Palacio de Nariño.

No obstante, Leyva volvió a restarle importancia a esta versión y afirmó que aunque “el reclamo, si bien fue férreo y firme, siempre fue respetuoso”.

“¿Ustedes saben lo que es un grito en Palacio? Precisamente encima del despacho del Secretario es el despacho del Presidente de la República y al lado es la Casa Militar. ¿Ustedes creen que no habría intervenido Casa Militar?”, argumentó el jefe de la diplomacia del país.

Acto seguido, cuestionó el proceder de Zamora y puso en tela de juicio su profesionalismo. Para Leyva esa salida se convirtió “en un episodio de maltrato, cuando en realidad lo que hay es un trabajo deficiente de su parte”.

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“¿Cómo la supuesta defensora del Estado puede estar de acuerdo en que se le entregue a dedo un contrato millonario a un contratista vía conciliación. (…) Ha debido acudir a las autoridades y no hacer una comedia. Ella acudió a los medios para causar daño”, afirmó.

También se refirió a las acusaciones acerca de que su hijo, Jorge Leyva, participó en reuniones para discutir el tema de los pasaportes. El hombre, según reveló Daniel Coronell, se encontró con Juan Carlos Losada, director de asuntos jurídicos internacionales.

No solo se mostró molesto porque el periodista no habría contrastado la información, sino que le envió un mensaje: “Mi hijo y yo nos encontramos en donde nosotros queremos, no va a ser Coronell el que me diga cuándo y dónde ver a mi familia”.

Ya cortos de tiempo y con la promesa de que habrá más citas similares, el Canciller aseguró que lo dicho y lo que aún se reserva será compartido con la Fiscalía para que se haga la respectiva investigación.

En espera de una reconciliación 

Lo que está en juego en medio del escándalo no es solo la nueva licitación en la que se espera que haya más ofertantes, sino la demanda interpuesta por Thomas Greg & Sons al Estado por alrededor de $120 mil millones, tras ser revocada la licitación que ganó, bajo el argumento de que debían haber más empresas en la puja.

La conciliación, entretanto, continúa en vilo dado que el comité encargado decidió suspender el encuentro que estaba programado en la víspera en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Exteriores.

La nueva fecha fijada será mañana, 14 de diciembre, y lo que salga de esta reunión será comunicado a la Procuraduría el viernes.

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