El Gobierno destinará más de la mitad de los recursos decomisados a la mafia para financiar su política de drogas. El Consejo Nacional de Estupefacientes, en cabeza del Ministerio de Justicia, modificó la distribución del presupuesto derivado de los bienes incautados al narcotráfico.
Actualmente, la millonaria suma es administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Se trata de más de $215 mil millones que el Estado obtuvo en 2023 mediante la administración de los bienes que se le arrebataron a estructuras mafiosas, como vehículos, inmuebles y dinero.
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Los recursos van al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (Frisco), que ya tiene los montos que repartirá en 2024. Este año, las carteras de Defensa, Interior, Justicia y Salud, entre otras, recibieron del Frisco en total unos $175 mil millones por concepto de cumplimiento de sus labores en la política antidrogas.
Para el 2024 aparece un nuevo sector que antes no recibía dinero del Fondo, el de agricultura. El ministerio liderado por Jhenifer Mojica recibirá más de $85 mil millones de los $215 mil asignados, convirtiéndose en la cartera con mayor partida presupuestal del Frisco, un puesto que antes era ocupado por el Ministerio de Defensa.
De hecho, el despacho liderado por Iván Velásquez tendrá una disminución del 32% respecto a lo que le fue asignado en 2023 para dedicarse a la lucha contra las drogas, pues pasó de un presupuesto de $65 mil millones aportados por el Frisco a poco más de $44 mil. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior también tendrán menos dinero.
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Por el contrario, el Ministerio de Salud pasará a tener $24 mil millones para sus labores en la política antidrogas, lo que representa un aumento de más del 21% en su asignación desde el Frisco, mientras que el Ministerio de Justicia pasará de tener $25 mil millones a $30 mil millones, lo que significa una variación del 12%.
Los cálculos de la entidad encabezada por Néstor Osuna indican que el 69% de los $215 mil millones se destinará al componente 'Oxígeno' de la política de drogas. Ese es el pilar que, de acuerdo con lo socializado por Osuna y el presidente Petro, busca invertir recursos en las comunidades rurales más afectadas por el conflicto armado.
La idea del punto de 'Oxígeno' es que las comunidades que en el pasado se dedicaban a los cultivos ilícitos, como coca, amapola y marihuana, puedan hacer tránsito a la legalidad. El segundo componente de la política es el de "Asfixia", que es el que busca atacar a las grandes estructuras del narcotráfico con el trabajo de la Fuerza Pública.
'Asfixia' recibirá el 31% de los $215 mil millones. La reasignación del dinero fue aprobada incluso por la Fiscalía General de la Nación, uno de los miembros del Consejo de Estupefacientes, aun cuando su jefe, Francisco Barbosa, se ha mostrado como férreo opositor a la política de drogas del gobierno Petro. La Procuraduría se abstuvo de votar.
"Como resultado de la nueva política de drogas, cambia la destinación de los recursos provenientes de la extinción de dominio al narcotráfico", explicó este martes Gloria Miranda, la directora de la política de drogas del Ministerio de Justicia. La funcionaria dijo que se optó por reemplazar las "estrategias policivas y militares" del pasado.
Según Miranda, quien junto a Osuna firmó la resolución conocida hoy, los gobiernos anteriores gastaban en lo militar aproximadamente el 70% de los recursos del Frisco para la fallida guerra antidrogas. Mientras que hoy, "sin renunciar al compromiso del Estado de combatir las grandes estructuras del narcotráfico", el eje central es otro.
"Priorizaremos la inversión de estos recursos en el tránsito a economías lícitas en territorios con afectación del conflicto armado y con presencia de cultivos de uso ilícito", aclaró. "De la mano de los campesinos y las comunidades étnicas, llevaremos desarrollo rural a estos territorios donde el Estado ha estado ausente", concluyó.
