A pocos días de que al Congreso se le acabe el tiempo, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, salió a desmentir que el proyecto de jurisdicción agraria esconda una expropiación exprés. Lo hizo en X, respondiendo a una nota de El Tiempo, y aseguró que esa figura nunca estuvo sobre la mesa. En la misma frase, sin embargo, defendió justo lo que la oposición más teme: las competencias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre los baldíos de la Nación.

La jurisdicción agraria es uno de los puntos del primer capítulo del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016, y es una de las últimas leyes de ese paquete que el Gobierno tiene pendientes. El proyecto tiene plazo hasta el 20 de junio: si no se aprueba antes de esa fecha, se archiva de forma automática.

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La iniciativa busca crear jueces especializados para resolver los pleitos por la tierra en el campo, un terreno donde los procesos hoy se dilatan durante años. Sobre el papel, casi todos coinciden en que el país necesita esa justicia rural. La discusión no es sobre el qué, sino sobre el quién decide.

El nudo está en el artículo 9

Toda la pelea se concentra en un solo artículo. El artículo 9 define cuáles conflictos por la tierra resolverá la ANT y cuáles los nuevos jueces especializados. En el centro están los llamados procesos agrarios especiales: la clarificación de la propiedad, el deslinde de tierras, la recuperación de baldíos y la extinción de dominio.

Para la oposición, el problema es que esas decisiones quedarían en manos de una entidad del propio Gobierno y no de un juez. Con ese argumento, congresistas como Hernán Cadavid (Centro Democrático) y Mauricio Parodi (Cambio Radical) han roto el quórum en repetidas sesiones, y han exigido la presencia del director de la ANT para que explique el alcance de la entidad. Ahí nace la etiqueta de "expropiación exprés".

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El término no es nuevo y tiene un origen rastreable. Se usó por primera vez para denunciar un artículo del Plan Nacional de Desarrollo de 2022 que permitía declarar la utilidad pública y expropiar predios por vía administrativa; ese artículo terminó cayéndose en la Corte Constitucional por vicios de forma. Desde entonces, cada vez que la ANT aparece decidiendo sobre tierras, la alarma se vuelve a prender.

Los gremios del agro encabezan esa resistencia. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) sostiene que el artículo 9 desconoce cuatro fallos de la Corte Constitucional que han avalado la fase judicial de los procesos agrarios, entre ellos la sentencia C-099 de 2026. En esa decisión, la Corte le negó al director de la ANT la pretensión de eliminar la fase judicial y reiteró que esos asuntos deben resolverlos los jueces.

El gremio lo plantea como una contradicción del propio Gobierno. La SAC calificó de preocupante que un Gobierno que dice defender el Acuerdo de Paz intente crear una justicia rural que les quita competencias a los jueces para dárselas a una entidad oficial.

La respuesta del Gobierno

Frente a eso, Cuervo no niega que la ANT mantenga funciones, sino que insiste en que ninguna queda sin control judicial. Su propuesta es que los procesos que la Agencia resuelva sin oposición de las partes tengan un control judicial que podría ser automático. Es decir, que un juez revise la decisión final aunque nadie lo pida.

El ministro también traza una línea entre los conflictos y los procedimientos. Según explicó, cerca de 50.000 conflictos entre particulares irían directamente a los jueces, y la expropiación y la extinción de dominio también serían competencia judicial, sin que intervenga la ANT.

Detrás de la defensa de la entidad hay una apuesta de fondo. El Gobierno sostiene que mantener en cabeza de la administración la identificación, recuperación y manejo de los baldíos es clave para cumplir las metas del Acuerdo: formalizar siete millones de hectáreas y redistribuir tres millones. Sin esas facultades, argumenta, la reforma rural se vuelve inviable.

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El problema es que el tiempo juega en contra y el ambiente no ayuda. Cuervo viene repitiendo que ya se aceptaron sugerencias de la oposición para modificar parte del articulado, pero los opositores siguen inconformes y la incertidumbre sobre el artículo 9 se mantiene. La ley necesita su último debate en la plenaria de la Cámara y otro en el Senado antes del 20 de junio.

A esa carrera se suma un vacío de mando. El proyecto quedó algo huérfano en la ANT tras la renuncia de su director, Felipe Harman, que se fue a hacer campaña por Iván Cepeda, y la Casa de Nariño ha hecho poca presión en el Legislativo.

Todo esto ocurre en la semana más cargada del calendario político. El domingo 21 de junio se define la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, con los congresistas más pendientes de las urnas que de las sesiones. Si la jurisdicción agraria no se aprueba en estos días, no morirá por el fondo del debate, sino por el reloj. Y habrá que ver si el Gobierno convoca sesiones extras para evitarlo o si prefiere, como ya lo insinuó el presidente Petro, llevar la pelea por los baldíos a escenarios internacionales.

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