De cada 10 extranjeros presos en Colombia, ocho nacieron en Venezuela. Detrás de ese dato hay un problema que casi nadie mira: lo más difícil para esas personas no empieza en la cárcel, sino el día que salen de ella. Así lo advierten un informe de la Fundación Acción Interna, el procurador para los derechos humanos y los propios expresos.

Cerca de 102.000 personas están privadas de la libertad en el país y 6.400 son extranjeras, según el informe de Acción Interna. De ese grupo, más de 5.000 son venezolanas. Los delitos que más se repiten son el hurto, la extorsión, las lesiones personales y el homicidio.

El dato llega en medio de la peor crisis de hacinamiento en años. Según los tableros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en septiembre de 2025 las prisiones registraban una sobrepoblación del 28,6 %, con unas 104.000 personas recluidas pese a que solo había cupos para cerca de 81.000. El sistema arrastra desde hace años un "estado de cosas inconstitucional", la figura con la que la Corte Constitucional reconoció una violación masiva y sostenida de los derechos de los presos.

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Antonio Rubio, ciudadano español, conoció ese vacío en carne propia. Fue condenado por tráfico de estupefacientes después de que lo engañaran para usarlo como "correo humano", el término con que se nombra a quien transporta droga en su cuerpo o equipaje. Cumplió la pena y recuperó la libertad, pero asegura que ahí empezó lo más duro.

"Estuve tres noches durmiendo a la intemperie y pasando frío porque no tenía ni para un hotel", contó a Noticias RCN. Sin familia en el país y con los antecedentes a cuestas, dice que reinsertarse fue casi tan difícil como sobrevivir adentro: "No tienes a dónde recurrir y ni te hacen caso".

Para Johana Bahamón, fundadora de Acción Interna, el riesgo es que esos números alimenten la discriminación contra los migrantes. Por eso pide "humanizar la estadística" y mirar los contextos de vulnerabilidad que empujan a alguien a delinquir. Solo así, dice, se pueden diseñar programas de resocialización pensados para la población migrante.

El procurador delegado para los derechos humanos, Néstor Osuna, recordó que las cárceles están repletas, pero que eso no prueba que la criminalidad esté bajando. "Las personas que salen de las cárceles, sean colombianas o extranjeras, no tienen suficientes programas de resocialización que disminuyan los riesgos de reincidir en el delito", sostuvo el también exministro de Justicia, que dejó esa cartera en julio de 2023.

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