Un nuevo pero frustró la adjudicación de una millonaria licitación para llevar internet a instituciones educativas del país. El proceso, que asciende a más de $407.000 millones, una vez más fue suspendido, esta vez por decisión del Ministerio TIC, que acogió recomendaciones de la Procuraduría.

Se trata de la licitación del proyecto ‘Escuelas Potencia Digital’ que, si bien había sido suspendido por 10 días a principios de mes, nuevamente este lunes se acordó otra suspensión por 10 días más. Lo anterior, mientras se desarrollan mesas técnicas y se analizan conceptos técnicos que permitan seguir adelante con la adjudicación.

La prórroga fue autorizada por el ministro TIC, Mauricio Lizcano, que en un documento que fue subido a la plataforma SECOP de contratación estatal insta a las veedurías ciudadanas a ejercer control social, al tiempo que negó irregularidad alguna en el proceso.

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“El Ministerio a mi cargo cumplió y respetó a cabalidad todas y cada una de las normas que regulan la actividad contractual del Estado (...) no desconoció ninguno de los principios pilares del estatuto contractual ni los principios rectores de orden constitucional y legal de la función pública (...) no afectó la igualdad ni la libre concurrencia que debe mantener incólumes”, sostuvo Lizcano en una carta conocida por el diario El Tiempo.

El proyecto Escuelas Potencia Digital será licitado por $407.844 millones y pretende llevar la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura para garantizar el servicio de Internet para 3.082 escuelas del país.

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Si bien estaba previsto que la licitación se adjudicara el pasado 5 de julio, el proceso quedó en veremos luego de que se conoció un documento de la Procuraduría en el que se hacían varias alertas por un posible cambio en las definiciones del pliego de condiciones de un momento a otro.

Mauricio Melgosa, procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, se opuso a la adjudicación por una razón clara: el pliego licitatorio sufrió modificaciones que no estaban contempladas en el Estatuto General de la Contratación Pública (ley 80).

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El pliego inicial indicaba que en cada institución educativa debía quedar una capacidad instalada para que hasta 250 dispositivos (celulares, tablets o computadores) se pudieran conectar al internet en los puntos AP del proyecto Escuelas Potencia Digital. Sin embargo, ese 30 de mayo subieron la capacidad mínima a 300 dispositivos con “capacidad de crecimiento hasta 700 dispositivos”.

De fondo se debate si el cambio en el pliego licitatorio se hizo en tiempo extraordinario –prohibido por la ley 80– o si solo se trató de una explicación que añadió el Ministerio dentro de la licitación a uno de los oferentes que la había solicitado. Si se trató de una aparente vulneración a lo estipulado en la ley, el proceso licitatorio tendría que volver a comenzar.

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