Después de 11 meses estacionados en La Guajira sin operar, 35 carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres llegaron a Santa Marta para someterse a revisión técnica en una planta ensambladora.

“A pesar de los sobrecostos, mi obligación es ponerlos en operación, no lo habíamos podido hacer por las pólizas. La semana pasada finalmente la aseguradora Previsora S.A. se postuló, le adjudicamos las pólizas y por eso hoy podemos empezar a mover los carrotanques”, explicó el director de la entidad, Carlos Carrillo.

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El seguro contratado incluye coberturas como pérdida por hurto, daños, responsabilidad extracontractual y asistencia jurídica, entre otras.

Según Carrillo, la puesta a punto de los carrotanques solo requerirá mantenimiento básico, como cambio de filtros y limpieza, y estará lista en pocos días.

De los 80 carrotanques, 18 departamentos recibirán vehículos en comodato precario, lo que, según el director de la UNGRD, implica que la entidad mantendrá la facultad de recuperar su control si surge una emergencia que lo requiera.

La Guajira, epicentro del desabastecimiento hídrico, recibirá ocho unidades, distribuidas en Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, con dos vehículos cada una.

Sin embargo, dos de estos carrotanques no podrán ser entregados a Uribia debido a la negativa del alcalde.

La activación de los carrotanques cierra un capítulo complicado para la Unidad de Gestión de Riesgo, cuyo exdirector, Olmedo López, y exsubdirector, Sneyder Pinilla, enfrentan penas de prisión de siete y seis años respectivamente, tras un preacuerdo con la Fiscalía. Otros funcionarios siguen bajo investigación.

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Inspección a Minhacienda

La Corte Suprema de Justicia adelantó un allanamiento en el Ministerio de Hacienda por el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Funcionarios del alto tribunal se llevaron el computador de una de las principales asesoras de la oficina de enlace con el Congreso de la República y revisaron esas mismas oficinas y buscaron, además, información de gobiernos anteriores.

Esta diligencia se produce en medio de la investigación de la Corte frente una presunta entrega de contratos a congresistas a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito y por la que terminó saliendo de su cargo Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. 

Un testimonio clave, el de la exasesora María Alejandra Benavides, involucró a Bonilla: “Él me usó, él usó el hecho de ser ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, dijo Benavides a la Fiscalía. Y hay chats que prueban la urgencia del Gobierno, en cabeza del enlace de Presidencia, Jaime Ramírez Cobo, para aprobar contratos de la UNGRD para congresistas en los que el exdirector Olmedo López y Sneyder Pinilla confesaron su participación.

“Pero aquí estoy segura de que el ministro sabía que esos contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos”, agregó Benavides, quien ha denunciado amenazas en su contra.

La Corte Suprema tiene la hipótesis de que los investigados habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).

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