Así lo señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín, durante un acto conjunto con la JEP, en la zona de la Escombrera, Comuna 13, Medellín, en donde se encuentran los restos de más de 500 víctimas de la violencia.

El acto contó también la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, en donde Marín Ortiz, les reiteró su respaldo a las mujeres buscadoras y las familias de las víctimas de los hechos enmarcados en el conflicto armado que, entre otros, involucró a la Operación Orión, acaecida hace poco más de 22 años.

Dijo que “es un trabajo que ellas iniciaron solas, como pioneras, en contra de muchas voces que dijeron que no era cierto. Esas voces cada vez van a ser más marginales, porque lo que se está demostrando es que sí es cierto”.

Declaró que “aquí estamos ante dos Estados que hacen parte de uno mismo. Un Estado que es el que quiero reconocer como Defensora del Pueblo, que es el que mira a las víctimas, que las reconoce, que las escucha, que trabaja para ellas, que trabaja con ellas, que no es cómplice del negacionismo, que más bien sí es una voz que lidera un Estado legítimo en busca de la verdad, la justicia, la reparación y la búsqueda de las personas desaparecidas”.

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Destacó que ese Estado es el que empezó a liderar el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín cuando en sus sentencias del 2014 reconoció que hubo desaparición forzada llevada a cabo por grupos paramilitares en la comuna 13 de la capital antioqueña, lo cual sentó las bases para la debida búsqueda en La Escombrera. Hoy el rostro de ese Estado está en la JEP y la UBPD, que avanzan en la prospección y en el caso 008. “Es el Estado legítimo al que hoy queremos llamar a que sigamos creciendo en función del trabajo con las víctimas y contra el negacionismo”, subrayó la Defensora Iris Marín Ortiz.

Consideró que la otra cara del Estado es la relacionada con la condena que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos por permitir la unión entre cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares.

“Así fue reconocido en la sentencia de la Corte IDH del año 2023, caso Guzmán Medina contra Colombia, en el que se estableció que Orión constituyó una operación concertada entre el Ejército Nacional y el Bloque Cacique Nutibara para enfrentar grupos que antes hacían presencia y establecer una hegemonía del Cacique Nutibara. En ese marco se realizaron múltiples crímenes, incluyendo desapariciones forzadas que nunca podrán ser justificadas bajo ningún argumento, pues están absolutamente prohibidas en el artículo 12 de la Constitución”, indicó.

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