La representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, presentó este jueves un informe que documenta el asesinato de 248 defensores ambientales en el país entre 2016 y septiembre de 2024.
De acuerdo con el informe, el 56% de las víctimas, es decir, 139 personas, pertenecían a comunidades indígenas. Además, se contabilizaron 64 campesinos y 18 afrodescendientes entre los asesinados, todos ellos por su lucha en defensa de los recursos naturales y los territorios.
“Tenemos 248 casos de personas defensoras del medio ambiente que fueron asesinadas por su activismo en los territorios, por su defensa de los recursos naturales de los territorios y por su protección del agua”, sentenció De Rivero.
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El informe subrayó que las agresiones contra defensores ambientales son particularmente graves en la región del Pacífico, con departamentos como Cauca, Chocó y Nariño registrando los mayores índices de homicidios. La región amazónica también figura entre las zonas más afectadas por la violencia contra quienes protegen el medio ambiente.
La representante de la ONU alertó sobre la persistente impunidad en los casos de homicidios, amenazas y ataques a estas personas, una situación que ha permitido que la violencia continúe sin consecuencias significativas.
"Es una cifra muy alta en el mundo y llama la atención la necesidad de dar una mejor protección a las defensoras y a los defensores ambientales", señaló De Rivero, enfatizando que las respuestas del Estado han sido insuficientes.
El informe también pone de relieve la falta de implementación de sentencias judiciales clave que buscan proteger el medio ambiente en Colombia, como la que reconoce los derechos del río Atrato o los fallos sobre la minería de carbón a cielo abierto.
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Según De Rivero, el cumplimiento de estas decisiones judiciales es esencial para fortalecer el Estado de derecho y proteger a las comunidades vulnerables.
Los principales responsables de la violencia contra defensores ambientales, según De Rivero, son actores armados no estatales que explotan ilegalmente los recursos naturales del país, incluyendo actividades como la tala ilegal de árboles y la minería ilícita. Estos grupos buscan enriquecerse a expensas de los territorios y las comunidades que habitan en ellos.
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Ante esta situación, De Rivero hizo un llamado al Alto Comisionado de Paz para que, en las negociaciones con actores armados, se exija el respeto por el medio ambiente.
También destacó la importancia de implementar plenamente el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que protege a los defensores del medio ambiente, especialmente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que enfrentan el mayor riesgo.
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