La plenaria del Senado aprobó en última instancia el proyecto de ley que frena el drama de más de 40 mil víctimas de estafadores digitales, quienes además de pagar millonarias deudas, están reportados en las centrales de riesgo.

La iniciativa, que fue de autoría del representante a la Cámara por el Valle por la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, tiene el fin de proteger a las víctimas de esa suplantación digital.

Lea además: ¿Cómo beneficia la reducción de las semanas de cotización a las mujeres?

Según Sánchez, “desde el 2020, con el incremento de las transacciones digitales y la pandemia, los delitos de usurpación de identidad y fraude digital crecieron en un 409%. A noviembre de 2021, se reportaron más de 13.458 denuncias por robos de identidad, esto es un promedio de cinco fraudes financieros virtuales por hora”.

Explicó el representante a la Cámara que ya no pagarán más cuotas de créditos que no sacaron y no estarán reportados en las centrales de riesgo. Para cuando entre en vigencia la ley, la víctima de suplantación deberá informar a la entidad financiera, crediticia o al operador telefónico, que ha sido suplantada y es acreedora de una obligación financiera.

Le puede interesar: Diego Guauque venció el cáncer tras cinco meses de lucha y fue dado de alta

Por su parte el operador le debe informar a la víctima que cuenta con 20 días hábiles para interponer la denuncia formal ante la Fiscalía y en caso de presentar la denuncia, la entidad debe continuar con el trámite de verificación sobre el hecho de suplantación y se suspenderá de forma inmediata el cobro de las obligaciones y el reporte en las centrales de riesgo.

Recordó Sánchez que “si la persona no realiza la denuncia en el término estipulado, la entidad podrá reanudar el cobro, incluyendo los intereses de mora de la deuda. Desde el momento en que se realiza la suspensión del cobro habrá dos panoramas disponibles de acuerdo a la decisión de la Fiscalía: Si se comprueba que existió suplantación, la persona es exonerada y desvinculada inmediatamente de cualquier cobro asociado a la obligación financiera y del reporte en las centrales de riesgo y si se comprueba que no existió el hecho de suplantación, se reanudará el cobro y el reporte en las centrales de riesgo. Asimismo el denunciante enfrentará responsabilidades penales por falsa denuncia”.

A la ley le falta la conciliación entre Senado y Cámara y luego ir a revisión de la Corte Constitucional y se proceda a la sanción presidencial para que la ley entre en vigencia.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en:  https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion