Un llamado urgente al ministro del Interior, Alfonso Prada, y al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, por el alto riesgo en que se encuentran las personas protegidas con los esquemas de seguridad asignados por esta unidad, cuyos funcionarios se encuentran en paro desde el pasado 30 de enero de 2023, hizo la Procuraduría General de la Nación.

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El el procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, recordó que, de acuerdo con los estipulado en la Ley, la prestación del servicio de protección a sus beneficiarios no puede ser desmejorada ni interrumpida y solicitó se le informen las medidas de contingencia adoptadas frente a esta crisis.

“Se debe contar con planes de choque para reaccionar de manera inmediata y oportuna ante circunstancias que puedan poner en riesgo la prestación efectiva del servicio de protección a cargo del Estado”, señaló.

Por último reitera el compromiso de la Procuraduría con la garantía de derechos de las personas protegidas, y advierte que “de presentarse una situación que afecte los derechos fundamentales, a la vida y a la integridad física de algún protegido por causa de la desmejora o interrupción en la prestación del servicio de protección”, se adelantarán las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar.

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