La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra a diez integrantes del antiguo Comando Conjunto Central de las antiguas Farc.

La magistrada Julieta Lemaitre, relatora del macrocaso 01, con el que la Sala de Reconocimiento se concentra en investigar hechos relacionados con retenciones ilegales, explicó en rueda de prensa el alcance de esta decisión.

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Según la togada, las declaraciones de los comparecientes en este caso dan cuenta de un patrón de órdenes similar al que se investiga en el macrocaso por falsos positivos, en el que los jefes ordenaban y presionaban y los mandos medios, o comandantes regionales, debían responder.

La JEP identificó tres patrones criminales bajo los que se cometieron los secuestros, teniendo en cuenta los motivos que tenían los insurgentes. El primero, la búsqueda de financiación; el segundo, el intercambio de guerrilleros entonces capturados; el tercero, el control territorial.

Para esta primera imputación regional, la magistrada explicó que las conductas del Comando Conjunto Central estaban encaminadas mayoritariamente a la financiación.

“Esta estructura de las antiguas Farc-EP adoptó la política de financiarse a través de los secuestros”, precisó un comunicado de la JEP. “A través de la Comisión Financiera Manuelita Sáenz se creó un sofisticado sistema de secuestro y extorsión para cumplir con la cuota de dinero que debía ser entregada al Secretariado”, explicó.

Todo ello ocurrió a pesar de que el Comando Conjunto fue una de las estructuras de menor tamaño de la guerrilla, pero tenía que responder por 2000 millones de pesos al año, que debían ser entregados al Secretariado.

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La Jurisdicción Especial explicó que al menos 144 víctimas acreditadas pueden señalar al Comando Conjunto como responsable. La mayor cantidad de ellas sufrió secuestros por parte del Frente 21, una de las estructuras adscritas al Comando Central, que ejerció control sobre el Cañón de las Hermosas en Tolima. En ese departamento ocurrió el 87% de los hechos que las víctimas reportaron a la JEP.

La extorsión era el principio de todo. La unidad guerrillera necesitaba financiación luego del fin de la bonanza de la amapola de los 90.

Por esa razón crearon “nóminas” o “vacunas” a empresarios y personas que se dedicaban a la siembra de arroz y el café, al transporte y a actividades relacionadas con el petróleo. También impusieron tasas abusivas a la cerveza y gasolina. Quienes incumplían eran secuestrados a manera de penalidad.

El tema de los castigos fue abordado en el pasado. Una de las conductas por las que quedaron implicados los miembros del Secretariado era el trabajo forzoso. Para los exjefes guerrilleros eso era precisamente una penalidad que se impartía en el cautiverio, y por esa razón le pidieron al Tribunal de Paz que no tenga en cuenta la tesis de la Sala de Reconocimiento de que hubo esclavitud.

Ahora bien, el Comando Central se enfrentó a dos problemas en su política de financiamiento con secuestros. Primero, las personas privadas de libertad no eran realmente adineradas, sino que, de hecho, una buena parte de ellas eran ciudadanos que salía de Bogotá, Ibagué y Neiva a pasar vacaciones en fincas de descanso, y otra parte era población de territorios rurales del Tolima y el norte de Huila.

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De acuerdo con Lemaitre, ese hecho se repitió en todo el país, hasta el punto de que las Farc cayeron en una especie de bucle: secuestraban a quien tenía dinero, porque tenía dinero, y secuestraban a quien no lo tenía porque no podía pagar.

Es un hecho, señaló la magistrada, que la gran mayoría de las víctimas no podía contribuir a los objetivos de dinero.

El segundo problema fue la ofensiva del gobierno de Álvaro Uribe y del primer gobierno de Juan Manuel Santos, que los debilitó. De 1180 miembros que llegó a tener en su mejor momento, en el que se expandió buscando concretar el Plan Estratégico de la Guerrilla, que buscaba llegar a Bogotá, solo 150 alcanzaron la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

Los ahora imputados, llamados a responder en un plazo de treinta días hábiles a la Jurisdicción y a la Unidad de Búsqueda, son diez. Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’; Enoc Capera Trujillo, alias ‘Giovanni’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, ‘Armando Pipas’; Nelson Jiménez Gantiva, ‘Gonzalo’; Édgar Ramírez Medina, ‘Onofre Camargo’; Víctor Silva, ‘Erick’ o ‘Chivo’; Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’, y Wilson Ramírez Guzmán, ‘Teófilo’.

Algunos de ellos, según contó Lemaitre, no están plenamente identificados más allá del nombre. Es decir, en la Jurisdicción no se les conoce la cara ni se ha podido dar con su paradero. Por ello, una de las indicaciones de la Sala de Reconocimiento es que la Unidad de Investigación y Acusación, la Fiscalía de la JEP, debe determinar dónde están.

Si los comparecientes responden y aceptan su responsabilidad en futuras diligencias de la JEP, podrán tener sanciones alternativas. Si no, se enfrentarán a un proceso adversarial que puede tener penas hasta de veinte años de cárcel.

La magistrada Julieta Lemaitre y el presidente de la JEP, Roberto Vidal, fueron enfáticos en señalar que ningún secuestro es justificable, sin importar las razones por las que haya ocurrido.

"No hay ningún secuestro comprensible", advirtió Vidal. "Cuando la Jurisdicción dice que estamos imputando crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, estamos diciendo que es la peor de las violaciones que pueden ocurrir en el mundo", argumentó.

Esta es la segunda imputación que la JEP realiza en el caso de secuestros. La primera, que involucró al antiguo Secretariado, logró que esta semana comenzara el juicio del Tribunal de Paz contra sus siete miembros, luego de que el año pasado aceptaron su responsabilidad en más de veintiún mil secuestros.

Además, es la primera imputación regional, de siete que pretende hacer la Sala de Reconocimiento, y está centrada en sucesos ocurridos en Tolima, Huila y Quindío.

La idea es diferenciar la injerencia de los altos mandos, como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo o Pastor Alape, quienes impulsaron directrices que convirtieron al secuestro en una política de la guerrilla, y la responsabilidad de otros integrantes de la organización, teniendo en cuenta que respondían precisamente a las órdenes del secretariado nacional.

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