Sergio y Carlos se sienten en una encrucijada. Colombia es, por un lado, una de las sociedades más abiertas para la comunidad LGBTIQ+: se permite el matrimonio homosexual, que adopten e ingresen a las fuerzas armadas abiertamente; la ley no establece ninguna distinción respecto a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, y la edad de consentimiento es la misma que para las parejas heterosexuales, es decir, catorce años.

Pero esta misma sociedad, abierta en lo legal es también epicentro de ataques en contra de personas LGBTIQ+, una tendencia que ha crecido desde el año pasado, según cuenta Carlos, quien pidió resguardar su apellido por miedo a represalias.

“La situación de Venezuela y Colombia respecto a la homosexualidad es prácticamente la misma. La sociedad se dice muy open-minded, pero cuando llega el momento de abrir las puertas a una persona de la comunidad LGBTIQ+, no lo hacen. Todavía en el siglo XXI, estamos estigmatizados como los causantes de la proliferación del VIH”, comenta Carlos.

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Sergio y Carlos tienen más de 5 años juntos y, aseguran, les ha sido difícil romper con los estereotipos de la pareja gay, a la que la sociedad cataloga como promiscua. “Creen que porque somos homosexuales no somos estables a nivel de pareja. La monogamia también existe para nosotros y Carlos y yo somos una prueba de ello”, afirma Sergio.

Si bien reconocen que la sociedad colombiana ha avanzado en cuanto a la implementación de derechos en favor de la comunidad LGBTIQ+, temen que un día puedan ser agredidos.

“En julio del año pasado Jeison Vásquez Borja fue asesinado en Medellín. Él era activista. Aún no están claros los motivos del asesinato, lo dejaron tirado en un matorral. Después supimos por las noticias que aquí en Bogotá habían agredido a una pareja gay y el mes pasado Yeison Molina Triana, un estudiante de estudiaba ingeniería que vivía con su pareja sentimental y también parte de la comunidad, fue hallado sin vida”, cuentan alarmados,

Después de Brasil, Colombia es quizás el país más peligroso de las Américas para las personas LGBTIQ+. El año pasado, una investigación de WOLA, una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, encontró que, de nueve países de América Latina y el Caribe, Colombia registró el mayor número de asesinatos de personas LGBTIQ+ en un período de cinco años.

“Los miembros de la fuerza pública son los principales responsables de actos de violencia y acoso contra los colombianos LGBTIQ+, según un informe de 2020 de la ONG colombiana Temblores”, cita el estudio.

Sergio y Carlos no piden más que respeto. “No le hacemos daño a nadie, sólo queremos tener los mismos derechos que cualquier persona: poder casarnos, pedir un crédito para comprar una casa y, por qué no, tener hijos a través de la adopción”, señalan.

La situación de los migrantes

La complejidad del fenómeno migratorio ha exigido que se documente y se visibilicen las particularidades y vulnerabilidades específicas de las personas LGBTIQ+ en el contexto de esta crisis, así como identificar las acciones específicas requeridas para responder a esta situación con un enfoque centrado en la dignidad de la persona humana, de acuerdo con los roles de los diferentes actores involucrados.

De acuerdo a la organización Caribe Informativo, en muchos casos, la discriminación y la violencia que enfrentan las personas LGBTIQ+ por su orientación sexual e identidad de género es lo que les obliga a migrar, lo que a su vez puede conducir a diversas formas de discriminación en su contra en países de tránsito y destino.

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“Es así como, en la experiencia subjetiva de los migrantes LGBTIQ+ venezolanos durante su tránsito y llegada a Colombia existen drásticos contextos de negación de derechos basados en la xenofobia y el prejuicio de las orientaciones sexuales, expresiones de género e identidades de género diversas”.

Frente a dichos escenarios de desprotección de derechos, explica Caribe Informativo: “la no existencia de reglamentación en materia de protección complementaria para las personas que no se encuentran en estatus migratorio regular, resulta relevante para las personas LGBTIQ+, puesto que, por arrastrar con discriminaciones históricas, la mayoría de migrantes de este grupo se ha visto abocada a ejercer la migración por medios irregulares, teniéndose que, los mecanismos disponibles en la actualidad para regularizar el estatus migratorio en Colombia, suponen una serie de requisitos como contratos de laborales y otras formalidades que por la misma segregación que arrastran las personas LGBTIQ+ y que se exacerba con la migración, les resultan improbables de llenar”.

Las recomendaciones para el Estado de Colombia de parte de Caribe Informativo son que se creen mesas de trabajo entre los gobiernos locales, el gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil y lideresas y líderes LGBTIQ+ migrantes venezolanos para la respuesta conjunta ante hechos concretos de discriminación o exclusión que deban superarse en asuntos migratorios, promoviendo el trabajo articulado entre todas las partes interesadas.

También, explican, es indispensable elaborar sistemas de información unificados que permitan registrar la información de manera diferenciada de las personas migrantes venezolanas, con el fin de elaborar líneas base sobre el asunto que sirvan para tomar medidas que atiendan a las necesidades específicas encontradas.

“Es necesario construir protocolos de atención en perspectiva de derechos para personas LGBTIQ+ migrantes, que incluyan rutas y mecanismos que reconozcan las particularidades de su tránsito, los riesgos a los que están expuestos y las respuestas desde el Estado, desde todos sus niveles de atención, para así asegurar la protección de sus derechos”, añaden.

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