En medio de la controversia por la designación de nuevos gestores de paz por parte del Gobierno de Gustavo Petro –entre ellos, Hernán Giraldo Serna, alias Taladro–, este viernes el mandatario respondió a los reparos y críticas que formuló la defensora del Pueblo, Iris Marín.

La funcionaria llamó la designación por “máximos responsables de crímenes cometidos por el paramilitarismo, como crímenes de guerra y de lesa humanidad condenables, no solo en el ámbito interno sino en el internacional”.

Frente a ello, el jefe de Estado defendió los nombramientos y, ratificando que no están otorgando “ningún tipo de beneficio jurídico”, manifestó que la designación de gestor de paz “no es un regalo”.

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“Ser gestor de paz es una condición del ser humano, no un regalo; quien acepta esta condición, está dispuesto a resarcir las víctimas y a las garantías de no repetición”, declaró el primer mandatario.

En esa línea, Petro señaló que la figura de las gestorías de paz buscó “finiquitar el proceso de paz hecho por el expresidente (Álvaro) Uribe con los paramilitares”. Lo anterior, garantizando verdad, justicia, reparación y no repetición, en cumplimiento además de lo establecido por la Corte Constitucional.

“No estamos otorgando ningún tipo de beneficio jurídico. Solo hemos dado una condición a unas personas que han sido determinantes del paramilitarismo y pueden ayudar a cerrar el proceso iniciado en el periodo del gobierno de Uribe”, agregó.

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Petro ratificó que la verdad y la reparación “genuina” de las víctimas es fundamental, “dado que en el proceso institucional se perdieron muchos inmuebles y aún faltan espacios de verdad”. Por ello, indicó que ser gestor de paz, más allá de recibir beneficios jurídicos, implica “disposición de la persona a ser constructores de paz”.

Para Petro, al nombrar un gestor de paz “no es un beneficio jurídico lo que se otorga, ni un día más ni un día menos de cárcel”.

Esta semana, el presidente Gustavo Petro firmó la resolución que designa como gestores de paz a 18 exjefes paramilitares, algunos de los cuales se encuentran actualmente presos en cárceles de Estados Unidos. Esta decisión se enmarca en el objetivo del Gobierno de avanzar en un proceso de reconciliación y reparación, aunque ha generado controversia debido al perfil de los involucrados.

En el documento figuran los nombres de reconocidos criminales, incluyendo a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’; Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’; y hasta los extraditados Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, y Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’.

De acuerdo con la resolución, la designación será inicialmente por seis meses, tiempo en el cual los excriminales deberán hacer aportes y presentar propuestas para el desmonte de organizaciones paramilitares.

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