El general Santander fue el autor de la célebre frase que figura en letras de molde a la entrada del Palacio de Justicia “Las armas os han dado independencia, las leyes os darán la libertad”.

Con esta consigna, quien fue llamado por la historia como el Padre de las Leyes, pretendía asumir que el uso de las armas quedaba atrás, una vez expulsados los colonizadores y fundada la República. Lejos estaba contemplar lo que vendría de ahí en adelante, cuando se nos acabó el enemigo común que era la potencia española, para de inmediato inventarnos los enemigos dentro de nosotros mismos, y dar comienzo a las guerras civiles, primero entre federalistas y centralistas y después toda una gama de confrontaciones entre los partidos políticos, hasta la aparición de los movimientos guerrilleros y después con la presencia del narcotráfico y las denominadas bandas criminales.

Ahora, con los alarmantes índices de violencia que vive el país, se nos presenta la propuesta de que la solución es la de permitir el uso de armas por parte de los particulares, en una disposición amplia que facilite a cualquier ciudadano hacerse a una pistola o un puñal.

Sin duda es el grito desesperado de todos aquellos que no ven una solución a la vista y que se sienten asediados por el crimen con apenas salir a la calle, o tal vez asomarse a la ventana. Y lo más insospechado, con el uso de un teléfono o con la afiliación a una de las llamadas redes sociales. El peligro está latente y en cualquier momento toca a la puerta, o lo que es peor, llega sin aviso.

Las armas, que debieron quedar atrás, hace doscientos años, no pueden ser de ninguna manera la solución para los tiempos actuales; sería patentizar una guerra de todos contra todos, en donde la munición nos llevaría al caos y a la extinción.

Lo que nos hace falta, desde hace muchos años, es un esquema de garantías ciudadanas, en donde las personas puedan sentirse protegidas y tranquilas al abordar la calle o sus actividades personales; y también unos organismos de seguridad que garanticen las políticas públicas al respeto y a la libre movilización de las personas para que puedan sentirse sosegadas y sin acechos peligrosos que puedan poner en peligro sus vidas o sus bienes, de tal manera que los infractores a la ley puedan tener claro que el Estado actúa ,y que si insisten en sus perversas pretensiones, el castigo correspondiente no se va a hacer esperar.

El delincuente actúa, cuando sabe que la ley no lo va a alcanzar, porque burlarla le resulta fácil, y en este caso, pareciera que demasiado fácil.

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