“Va a ser el puente atirantado más largo de Colombia; es una obra maravillosa que nos debe producir mucho orgullo a los colombianos, pero sobre todo a los ingenieros que lo están construyendo” dijo el señor presidente Juan Manuel Santos el 17 de noviembre de 2017 cuando inauguraba unos adelantos en el puente Chirajara en la vía Bogotá –Villavicencio. El 15 de enero de 2018, a las 11 y 50 de la mañana, las tirantas de la mitad del puente cedieron, se derrumbó esa parte y la otra quedó inestable. Diez personas murieron y ocho resultaron lesionadas. El presidente salió al paso con esta frase: “Esto nunca había pasado y no puede volver a ocurrir”. Fue su manera de escurrir la responsabilidad. Después, el 1° de febrero, cuando inauguraba el puente ‘El Dieciocho’, entre Landázuri y Cimitarra, en Santander, nuestro ilustre mandatario remató: “La caída del puente de Chirajara es una tragedia, pero es “algo normal”.
Y de ahí en adelante siguió la escurridera: “es un hecho aislado”, expresó Argelino Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros; “las causas aún se desconocen y serán materia de investigación”, opinó la sociedad concesionaria Coviandes; para el ministro de Transporte, Germán Cardona, estando todo bien, la tragedia fue impredecible, pero le lanzó la pedrada a Coviandes; Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, puso el pecho por Coviandes: “lo sucedido es un tropiezo; se trata de un caso aislado”. En definitiva, nadie fue culpable. Ni la vaca. ¿Se cayó el ministro, como hubiera ocurrido en cualquier otro país? No. Por el contrario, quedó más afianzado en el cargo. También, en cualquier otro país, un presidente que justificara lo injustificable, ya habría renunciado por dos razones: por dignidad, y por respeto a las víctimas.
En Colombia tenemos hace tiempo un precepto legal que obliga a los garantes a responder por la vida y demás derechos humanos de sus semejantes: es el artículo 25 del código penal.
Pues bien: los candidatos al congreso y a la presidencia de la República debieran incluir en sus programas el tema de la responsabilidad profesional y de oficios, implementando una ley severa para hacer cumplir el artículo 25. Allí entrarían a responder civil y penalmente las clínicas, los médicos y todo el equipo de sanidad por los daños a la salud y por la muerte en los casos que ellos llaman “eventos adversos”; los jueces y fiscales por las órdenes de libertad emitidas livianamente a individuos que luego salen a asesinar o cometer las mismas fechorías, homicidios y robos y demás de que también debieran responder los mismos funcionarios; la propia rama judicial por las detenciones injustas y persecuciones por motivos políticos; por supuesto, los ingenieros, arquitectos, interventores y los veedores públicos que autorizan venalmente construcciones, en todos los casos de desastres; los legisladores y las cortes que con leyes complacientes estimulan el uso de estupefacientes e indirectamente matan a la juventud por facilitarle el consumo de tales sustancias; los negociadores del gobierno con los narcotraficantes; y toda suerte de profesionales y operarios en cualquier actividad humana en que se produzca un perjuicio a otro por el mal ejercicio de su oficio.
¡Es hora de exigir responsabilidades!
