Se ha convertido en práctica común y permanente el uso de las redes sociales para agraviar, ofender, injuriar y calumniar a las personas y a las instituciones públicas y privadas, así como para difundir noticias falsas, videos y fotografías viejas como si fueran actuales, siempre con el objetivo de atacar al otro, afectando su prestigio y su buen nombre.

Si eso es indebido en general, resulta más grave cuando contamina los grandes debates de interés nacional, que -infortunadamente- se están adelantando en las redes. Durante la polarización política existente -cuyos perjuicios a la institucionalidad y a la auténtica democracia son ostensibles-, en las redes sociales se expanden lamentables discusiones y mutuas acusaciones, en las cuales prevalecen la superficialidad, la mediocridad y la falta de criterio.

Críticos y opositores atacan -mediante mensajes en red- a los gobernantes, ya sea en el plano nacional, departamental o local, y, en la mayor parte de los casos, ellos se defienden, también mediante mensajes en red. Son “controversias” en que, a falta de razones, se apela a la confrontación con palabras, frases, videos y audios insultantes.

Quienes asumen las posiciones extremistas tienden a usar los trinos en redes para subrayar conductas y antecedentes -no importa si verdaderos o falsos-, en busca de apoyo de otros usuarios que -a su vez- aportan nuevos mensajes, con insultos, ofensas y hasta calumnias, para convertirse en “tendencia”.
Es frecuente ver que miembros de las cámaras legislativas prefieren discutir los proyectos de leyes y reformas en las redes sociales, no en los recintos del Capitolio. Les parece mejor abandonar esos recintos para disolver el quórum, sabotear e impedir los debates, grabar videos para difundir en redes, también con diatribas y ataques. Recuérdese lo ocurrido en un asunto de tan alto interés público como la ley de presupuesto, que no se controvirtió ni se negó durante los debates previstos en la Constitución, y “se cayó” por falta de quórum, dando lugar a que rija el proyecto presentado por el Gobierno, como también lo prevén -con carácter extraordinario- las normas constitucionales. Vinieron después los “debates” en las redes sociales.

Ha ocurrido en otros casos, en que se ha obstaculizado el trámite de importantes iniciativas legislativas y administrativas de interés público. No es extraño ver que algunos congresistas -desde luego, en las redes- se vanaglorian y felicitan por haber logrado sabotear los procedimientos ordinarios, provocar el levantamiento de las sesiones o el trámite de improcedentes impedimentos, recusaciones y proposiciones.
Tales conductas, en nuestro criterio, son expresión de una gran irresponsabilidad, y deberían dar lugar a sanciones internas y, en más de un caso, habrían de llevar a la pérdida de investidura, tal como lo contemplan las disposiciones constitucionales. Se causa grave daño a la institucionalidad y al interés público, y además, se desfigura y se contraría el sentido mismo de la representación que, en la democracia, compromete a los elegidos frente a sus electores.

El uso de las redes es un derecho, garantizado en la Constitución, porque sirve a la libre expresión de pensamiento y opiniones. Pero todo derecho implica deberes y cargas, con mayor razón en lo que atañe a funcionarios y congresistas.

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