La alocución del Presidente de la República Iván Duque Márquez del domingo pasado deja ver que el gobierno que se instaló bajo la promesa de campaña de paz sin impunidad no tiene ningún interés en que haya celeridad en el esclarecimiento de la verdad y la administración de justicia.
Pero antes de explicar este punto es importante una aclaración previa: Las objeciones de Duque a la JEP no están relacionadas con una presunta inconstitucionalidad de los artículos, ya que, como él mismo afirmó durante su alocución pública del pasado 10 de marzo, la Corte Constitucional ya hizo el control respectivo a los artículos de esta ley estatutaria. Las objeciones están fundamentadas en una supuesta inconveniencia para las víctimas y para el anhelo de justicia que tienen los colombianos.
No es cierto que las objeciones tengan origen en un choque de trenes o en la búsqueda de un ‘consenso institucional’, como afirmó Duque, sino en la inconveniencia política de que en la JEP se aclare la participación del Estado en hechos contundentes del conflicto armado (masacres, delitos de lesa humanidad, etc.), y en que se les exija responsabilidad a agentes externos, como empresas y personas naturales, que hayan incidido en la comisión de delitos como el desplazamiento forzado y los despojos.
Una de las cosas más perjudiciales de las objeciones a los artículos de la JEP es que retrasa enormemente el proceso de construir un marco jurídico sólido para el esclarecimiento de la verdad y la determinación de responsabilidades en hechos y conductas ocurridos durante el conflicto armado, sobre todo, teniendo en cuenta que han pasado dos años desde la suscripción de los acuerdos de La Habana y aun no se ha avanzado en lo que es fundamental: consolidar el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Con las objeciones de Duque a la JEP, la construcción de este marco jurídico podría quedar en veremos hasta el 16 de diciembre, fecha límite para que el Congreso decida si excluye los artículos de la ley, los modifica o hace caso omiso de las objeciones. Sin embargo, si hay discrepancias entre el Senado y la Cámara de Representantes sobre las objeciones, es decir, si el primero declara procedentes las objeciones y el segundo, improcedentes, o viceversa, la ley estatutaria se archivará en espera de un nuevo proyecto de ley que reglamente el funcionamiento de la JEP.
Nuevamente, un tema tan importante queda en manos de los calculadores políticos del país, las alianzas que puedan hacer los congresistas por su voto y los beneficios que puedan adquirir los senadores y representantes de uno u otro partido a cambio de subirse a uno de los dos botes (aprobar o rechazar las objeciones), es decir, la verdad, la justicia y la reparación supeditadas a la balanza de poder y el tráfico de influencias.
Mientras tanto, la JEP seguirá actuando como viene: a ciegas y sin un marco jurídico con la solidez suficiente para evitar que sus decisiones sean cuestionadas y tumbadas, el Uribismo seguirá atacando el trabajo de los jueces de la JEP –como señaló Paloma Valencia respecto de las reformas constitucionales que perseguirá el Centro Democrático, adicionales a las que presentará Duque el próximo 16 de marzo– y las víctimas seguirán en el último lugar, sin conocer la verdad, y en vez de ser la prioridad, son la moneda de cambio en este juego de poder.
Estar contra la JEP no es, como creen algunos sectores del país, una muestra de fortaleza ni una pretensión de ‘enderezar’ el camino. Por el contrario, es una oportunidad de desbaratar lo que se ha construido, bajo el pretexto de la inconveniencia y disfrazando el propósito de eliminar por completo este marco jurídico mediante un discurso suave pero contundente sobre el tipo de futuro que quiere el uribismo para el país.
