Rasgadura de vestiduras ha generado en el Gobierno el hecho de haber fallado la Corte Constitucional el mal llamado EQUILIBRIO DE PODERES, más, cuando se cayó igualmente la Comisión de Aforados, situación generada en parte por el propio gobierno al no haber escuchado las voces de los juzgadores, que increpaban el proyecto traducido posteriormente en Acto Legislativo con nefastas consecuencias para la comunidad en general. .
Este espinoso tema, que acababa con la Autonomía de la Rama Judicial, al quedar bajo la injerencia, léase bien, dependencia de las otras dos ramas del poder público, la Legislativa y la Ejecutiva, aspecto éste que desdice de la División de los órganos que forman un Estado Democrático, que es obligatoria en cualquier Estado libre y no dictatorial.
La justicia entiende la necesidad de contar con una reforma, pero seria, equilibrada, que nazca de la propia Rama Judicial que es la que conoce la problemática de la misma y, es así, como se viene trabajando en ese aspecto de buscar efectuar los cambios por iniciativa propia de los funcionarios judiciales, para que se haga efectiva su modernización tendiente a lograr agilizar la misma, tornándola eficiente y eficaz, como es la aspiración de cualquier ciudadano.
La propia Corte Suprema de Justicia ha tomado como bandera esa labor, aspirando presentar esta iniciativa con la comparecencia de todos los distritos judiciales del país, sindicatos Colegio de Jueces y Fiscales, con sus diferentes puntos de vista, para sacar un proyecto, que sintetice las mayores dificultades, desde el punto de vista económico por la falta de independencia presupuestal, hasta la forma más práctica y funcional de desarrollar todos los procesos, contando para ello, como debe ser, con la tecnología, logística y demás aspectos inherentes al buen cumplimiento de la digna tarea de administrar justicia, dentro de un marco de completa autonomía e independencia sin que ninguna de las otras ramas intervenga en nada en este ejercicio.
Hoy la carga laboral con el sistema oral, debe ser menor, para que sea eficiente la justicia, pues, es imposible con 700 o más procesos a cargo de un juez que sea expedita la administración de justicia.
Si bien la iniciativa saldrá de la misma Rama Judicial, lo importante es que se cuente con los otros sectores, para definir como debe ser ella, teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas y los cambios mundiales que volvieron lenta e ineficiente la tramitación de los procesos por vía escritural.
Se reciben más de 5 millones de denuncias y demandas y tutelas en un año, con planta de personal insuficiente, falta de salas de audiencias, en especial en el área penal, que es el termómetro de la justicia en Colombia, pues el área civil, laboral y familia cuenta con ellas en cada despacho en este distrito y de manera especial en la capital departamental. Y salen 2.800.000 fallos anuales de los cuales el 32 % corresponden a las tutelas.
No es nuevo decir, que el abuso indiscriminado de la tutela, hace que más del 30% del trabajo de los jueces, se centre lamentablemente en resolver las mismas.
Que significa esto? Que el Estado no ha reglamentado la tutela; que más del 60 % de ellas, corresponden a salud, lo que nos indica, que, las EPS son riendas sueltas dentro del engranaje de salud del Estado, sin que éste las meta en cintura, por el permanente incumplimiento de las obligaciones a su cargo, en detrimento del ciudadano común y corriente que es el sufre estas fallas no remediadas por él gobierno.
Peor aún, ya no solo son las tutelas, sino los incidentes de desacato, que son consecuencia natural del incumplimiento permanente de las obligaciones a cargo de las EPS y del fallo de tutela, actuaciones que son desgastantes y generan mayor recarga de trabajo, pérdida de tiempo y costos económicos en ese actuar producto de las irregularidades en materia de salud.
Esta es pues, una breve radiografía de las fallas de la justicia, que requieren un estudio meticuloso el cual se está adelantando por los diferentes jueces, para sacar avante ese gran propósito de reformar adecuadamente la justicia sin tintes políticos, sino basados en la realidad expedencial y los problemas que agobian la justicia en sí.
