Esta es la pregunta que hoy en día ronda a Cúcuta por los despachos de la alcaldía, del concejo municipal, del recinto en donde se realizó el cabildo abierto  y a la que muchas asociaciones cívicas esperan una respuesta, y dependiendo de la respuesta, se defina el futuro de la ciudad hacia los próximos 12 años. Analizadas algunas sentencias de la Corte Constitucional y Consejo de Estado, y teniendo en cuenta algunos antecedentes de lo que hasta hoy ha sido el trámite del Plan de Ordenamiento Territorial en el municipio, en mi criterio, la respuesta es hasta sencilla: Solo esta administración saliente debiera aprobar el POT por el concejo, o el alcalde por decreto, si se evidencia que el trámite que ha tenido el proyecto garantiza algunos principios de desarrollo socioeconómico para la ciudad en los próximos 12 años como lo exige la constitución y la ley, debe hacerlo esta administración. Pero este no es el caso de Cúcuta, pues como pasaré a señalarlo, son múltiples los vacíos e incoherencias que existen, y como tal creería que es mejor para la ciudad dejarle a la próxima administración que lo presente y lo apruebe. Esta es una posibilidad legal. Para nada se trata de una propuesta que contraríe la ley.

Toda este lío de si esta administración debe obligatoriamente antes de que termine el año expedir obligatoriamente o no el POT, polémica rodeada de leyes, artículos, jurisprudencias, conceptos y  cantidades de abogados opinando, a mi juicio parte de un supuesto que hasta los buenos profesores lo enseñan en las escuelas: que es mejor hacer las cosas bien y no mal, y más cuando está en juego los intereses de la ciudad y su área metropolitana hacia los próximos 12 años. Y aquí aparece una primera evidencia irrefutable, contundente, argumento que puede esgrimirse ante la procuraduría, la fiscalía, la contraloría y todas “IAS” que quieran, y es que la firma “Planeando Cúcuta” que fue la sociedad contratada inicialmente para hacer los estudios y planeación, al final por razones que no las conozco, no fue el equipo consultor que terminó los estudios del POT de Cúcuta. Quienes terminaron haciendo los estudios fueron funcionarios de la propia alcaldía, y jurídicamente este no es cualquier tema, es un argumento muy fuerte. Aún más, está demostrado que en el curso y trámite del POT de la ciudad – este es otro argumento jurídico muy fuerte -, hubo cerca de 4 cambios en las oficinas de planeación de la alcaldía, lo cual pone en evidencia que no hubo continuidad ni coherencia en la proyección del proyecto de acuerdo más importante para la ciudad en los próximos 12 años. Existen más argumentos, está demostrado que los estudios técnicos no son suficientes, y como van las cosas hoy entiendo que se deja en manos del alcalde la expedición de más de 27 decretos. Grave. Está más que demostrada la improvisación. Es decir, de aprobarse el POT como va, resultaría ser manifiestamente contrario al artículo 209 de la constitución como lo expresaré más adelante.  

Volviendo al tema de Cúcuta, debe entenderse que constitucionalmente el trámite y aprobación del POT, como lo ha dicho la Corte Constitucional, es el resultado de lo que se denomina una función administrativa, regulada en el artículo 209  de la constitución, que entre otros principios debe garantizar la eficacia; la eficacia es lo menos que garantiza el actual proyecto. En términos sencillos el POT de Cúcuta debe garantizar que la ciudad cuente para los próximos 12 años con un instrumento de planeación adecuado y serio que defina temas como el impacto de la inmigración y defina políticas de desarrollo para atender la informalidad y desempleo y del río pamplonita que se está secando. Lo que menos podemos esperar hoy en día en Cúcuta es que el POT se apruebe de cualquier forma, y por ello tanto los actuales concejales y alcalde deben entender que existen argumentos jurídicos fuertes y suficientes para suspender y dejarle a la próxima administración su estudio, análisis y aprobación. Sería una decisión seria y ponderada, y si bien es cierto que en este país nadie se escapa a una denuncia, lo cierto es que de ahí a que terminen los concejales o alcalde sancionados, es otra cosa. Hasta le haría gratis la defensa. Resulta más grave para la ciudad expedir un POT como hoy en día se tramita con afanes y contrarreloj, a que se le deje el estudio a la nueva administración. 

Hagamos las cosas bien. No expidamos un POT de cualquier forma, que a futuro traería más problemas que soluciones. Este no es momento para amenazar con denuncias, demandas ni difamaciones. Es un momento de cordura y reflexión. Podría escribir muchos más sobre el tema, pero se me acaba el espacio.

P.D. El artífice del triunfo electoral del domingo pasado fue Jorge Maldonado, quien contra muchos pronósticos, creyó que el partido Verde podría triunfar y se logró. Felicitaciones. E igual a Jairo Yáñez, hombre decente y emprendedor que le dio una lección a Cúcuta de las cosas que se pueden lograr apenas con un megáfono. Éxitos.