Tal vez se considere obvio decir que la política debe pensarse en función del interés público. Pero eso es lo correcto y corresponde a una concepción democrática de la vida en comunidad.
De lo que se trata es de poner a salvo de las recurrentes mezquindades el manejo de cuanto es patrimonio de todos. Y esto incluye el comportamiento de quienes deciden sobre los asuntos articulados al gobierno en diferentes instancias. Los ordenadores del gasto, los miembros de las corporaciones de elección popular (Congreso, Asamblea, Concejo) y demás servidores del engranaje de la Administración, más los que tienen acceso a las entidades de poder desde los partidos de las distintas vertientes de opinión o ideologías, deben obrar de modo consecuente, o con fidelidad a la finalidad de alcanzar el bienestar colectivo.
En Colombia la política está en crisis debido al comportamiento negativo de muchos de los que la ejercen. Por la permisividad de los actos ilícitos se ha llegado a la consolidación del entramado de la corrupción. Son varios años de ese recurrente flagelo. A pesar de su evidencia devastadora los gobernantes se hicieron los de la vista ciega y dejaron acumular los negociados con que se enriquecieron los privilegiados de “la mezquina nómina”. El escándalo de la Unidad de Riesgo es un capítulo más del saqueo a que fue sometida esa entidad, con el amparo de unas disposiciones de ley a la medida de las perversas intenciones.
Desde la política debe forjarse el fortalecimiento de la nación, con soluciones efectivas a los problemas que agobian a la mayoría de los colombianos. La paz, la salud, la educación, la protección del medio ambiente, con todo lo que incluye, son prioridades que no admiten evasivas. Alcanzar las metas ya previstas debe ser un propósito general para salir del adefesio de la desigualdad predominante.
Pero este ideal democrático impone el compromiso de ejercer la política con ética y voluntad de cambio, dejando de un lado las narrativas de odio, la mentira como recurso de engaño y la avaricia amarrada a la riqueza tramposa.
La política debe ser sostén de los derechos sociales y no cederles espacios a las exclusiones, las discriminaciones o los prejuicios que propician la estigmatización y la injusticia.
Nadie tiene por qué sentirse perjudicado con los cambios destinados a saldar deudas históricas con quienes habitan el territorio nacional. Ponerle fin a esa brecha favorece la paz sostenible y le da a Colombia una identidad de respeto ante la comunidad internacional. Es un puente de unión, por encima de las cartillas ideológicas.
Pensar con libertad, obrar sin miedo, garantizar la seguridad alimentaria, acabar con las discriminaciones de clases, respetar al contrario, no caer en cesuras, son normas que deben ampararse desde la política para crear una cultura ciudadana que le de fortaleza democrática a Colombia. Es un camino que debe hacerse con todos. Es un ejercicio de conveniencia común, porque le pone fin a tantos desatinos que han debilitado la vida de los colombianos.
La tarea hay que asumirla en forma militante.
Puntada
Es positiva la gestión del gobernador William Villamizar por la paz en Norte de Santander. Debe contar con el respaldo de todos.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
