Un atentado del Eln contra una unidad militar en Puerto Jordán, Arauca, dejó tres soldados asesinados y veinticinco heridos. 

“Es una acción que cierra un proceso de paz”, dijo inicialmente Petro. Sin embargo, la delegación gubernamental para las negociaciones con esa guerrilla sostuvo que no terminaban sino que quedaban “suspendidas” y que continuarían si había “una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del Eln”. Es decir, no cambió nada. Las negociaciones están congeladas desde mayo. 

El ataque pone de manifiesto las flaquezas que están sufriendo las Fuerzas Militares y la pérdida de los factores estratégicos que permitieron las grandes victorias contra los violentos. La inteligencia, sistemáticamente debilitada desde la llegada de Petro al gobierno, no logró prever ni evitar el ataque. No hubo apoyo aéreo de ningún tipo ni durante ni después. La Fuerza Aérea y la Aviación de Ejército tienen menos presupuesto, menos aeronaves y equipos, menos tripulaciones, y además, tienen prohibido hacer uso de su poder de fuego. La capacidad de reacción fue nula y las fuerzas especiales brillaron por su ausencia. 

Sobre cuatro pilares se construyeron los grandes éxitos contra los grupos violentos en los gobiernos de Uribe y en el primero de Santos: inteligencia, cooperación ciudadana, capacidad aérea y fuerzas especiales. No queda casi nada. Peor, desapareció completamente la voluntad de combatir y derrotar a los violentos. De eso, ni las cenizas. 

Por el contrario, Petro se entregó a los violentos. Renunció a erradicar los narcocultivos y a combatir la minería ilegal, de manera que, sumados a los ingresos por secuestros y extorsiones, que tienen las peores cifras en más de una década, las finanzas de los grupos ilegales están más fuertes que nunca. Debilitó sistemáticamente a la Fuerza Pública, descabezando su liderazgo, reduciendo significativamente su capacidad operacional, minando su moral de combate. Y planteó una política de paz que reniega de toda la experiencia y enseñanzas de cuarenta años de procesos de paz en nuestro país: golpear financiera y militarmente a los grupos violentos para obligarlos a una negociación seria, aprovechar el apoyo de las agencias de inteligencia de EE.UU, Gran Bretaña e Israel, negociar en medio del conflicto, armar equipos de negociadores preparados, usar la experticia y conocimiento de militares y policías, pactar ceses del fuego solo para el desarme y la desmovilización definitiva, validar políticamente a los insurgentes pero negarle tal calidad a los demás violentos. Petro ha hecho lo contrario, todo lo ha hecho al revés.

En fin, Arauca, como el Cauca, Chocó, Putumayo, el Catatumbo y un largo etcétera, hoy son territorios en manos de los violentos, prohibidos para el Estado colombiano, en los que la soberanía es apenas una formalidad. El retroceso en materia de seguridad durante estos dos años es alarmante.

En cualquier caso, más allá de los desastres y fracasos en seguridad, lucha contra el narcotráfico y política de paz de este gobierno, el país debe reflexionar si conviene o no seguir por el camino de que la paz se hace entregándole a los criminales impunidad por sus delitos y un conjunto de beneficios políticos y económicos que el resto de los ciudadanos, los que jamás hemos delinquido, no tenemos. Deberíamos superar la idea de que la renuncia a la justicia y el premio a los que matan, y matan mucho, construye la paz. Las verdaderas democracias se hacen sobre la base de la justicia, no sobre el premio a los asesinos. Los hechos, además, nos muestran que, si en el mejor de los casos se desmovilizan unos bandidos y algunos de sus jefes se retiran, otros siguen matando y el liderazgo criminal se renueva.

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