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Entre la gloria, la exclusión y el cambio
El cambio institucional es el reto del nuevo gobierno y una responsabilidad social del sector privado y de la ciudadanía.
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Domingo, 12 de Enero de 2020

El estadio General Santander es el lugar donde miles de nortesantandereanos han vivido glorias y tristezas.

En este lugar, el Cúcuta Deportivo perdió y ganó dos veces la categoría.

Aquí el doblemente glorioso fue campeón del fútbol profesional colombiano a tal punto que casi materializa una hazaña al estar cerca de las finales de la Copa Libertadores de América en 2007.

Para estas gestas el General Santander tiene una capacidad máxima de 42.000 espectadores y por los ajustes sufridos a raíz de los Juegos Nacionales el aforo se redujo a 40.000 almas, según varias fuentes consultadas.

Ahora bien, en el contexto político actual Norte de Santander experimenta nuevamente el traspaso del mandato en el primer cargo departamental, teniendo en cuenta la victoria electoral del Sr. Silvano Serrano, un hombre que proviene del corazón del grupo político del Sr. William Villamizar.

Las expectativas ciudadanas son altas y se espera que la nueva administración sea capaz de establecer políticas regionales para generar oportunidades sociales e inclusión productiva en complemento a las políticas nacionales.

En tal sentido, un índice que puede utilizarse para “evaluar la capacidad y los resultados de la gestión de las administraciones territoriales en Colombia” es el índice de pobreza multidimensional (IPM-DANE, 2018), el cual revela que las brechas urbano-rurales y de género en Norte de Santander son amplias y persistentes.

Una manera de describir estas formas objetivas de privación y de exclusión social, se puede dar bajo una operación simple: usando el número de pobres según la intensidad del IPM como proporción del primer aforo del General Santander.

Por ejemplo, con el número total de hogares pobres y el número respectivo que está localizado en cabeceras y en zonas rurales Norte de Santander albergaría más de tres estadios con hogares pobres; en las cabeceras la medida equivaldría a dos estadios, mientras que con los hogares pobres de las zonas rurales se ocuparía el 90% del estadio General Santander, algo que envidiaría el propio José Augusto Cadena.

Esta fotografía del General Santander como medida comparativa entre el fútbol y la política muestra la gloria, la exclusión y la necesidad de un cambio social.

Cómo destaca el DANE (2018) cinco de las variables según las dimensiones que provocan estas privaciones son: el trabajo informal (empleo); el bajo logro educativo y el rezago escolar (educación); el hacinamiento crítico (vivienda) y la variable sin aseguramiento en salud (salud). Sin mencionar otras variables o la dimensión de niñez y juventud donde se presentan privaciones y situaciones de exclusión.

Para el caso de todas las dimensiones del IPM, las privaciones son mayores en las mujeres (rurales) de Norte de Santander.

Pasar del discurso a la acción es el camino para generar oportunidades sociales e inclusión productiva, esto requiere, un trabajo articulado entre las secretarias departamentales y el gobierno nacional; asi como la gestión, el cálculo, la asignación de recursos y la evaluación continua para impactar en el tiempo y de modo directo a través de la política territorial y nacional. Para lo anterior, es necesario la apertura del canal indirecto para superar la pobreza, es decir, la conexión con empresas y con mercados para el desarrollo productivo y laboral de la gente, que normalmente está invisibilizada o subrepresentada cuándo se toman decisiones fundamentales para el desarrollo regional.

Pensar en el desarrollo territorial en clave de los objetivos del desarrollo sostenible debe llevar a cambiar las nociones del funcionamiento institucional y de la gobernanza en Norte de Santander; dado que la gente pobre es parte de la solución y han de concebirse como sujetos de su propio desarrollo. En tal sentido, el clientelismo y la corrupción generan atraso y exclusión social. Luego, la combinación de estos elementos solo beneficia al gobernante, a su grupo y a la red clientelar. La consecuencia es una sólida base para el funcionamiento de instituciones extractivas y el cierre de las puertas que permiten la generación global de oportunidades sociales y de inclusión productiva.

En fin, el cambio institucional es el reto del nuevo gobierno y una responsabilidad social del sector privado y de la ciudadanía nortesantandereana.

 

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