En la columna que escribí para El Tiempo este domingo destaco como el ejercicio responsable del poder blando como parte de la política exterior de Estados Unidos ha contribuido a la estabilidad de la economía mundial y cómo puede afectarla muy negativamente si el gobierno de ese país opta exclusivamente por la demostración de fuerza. 

En forma similar, puede ser más efectivo y potencialmente menos dañino en un esquema doméstico de gobierno – oposición, que los poderosos, tanto en el gobierno como en la oposición, consideren la posibilidad de ejercer su poder con algún grado de moderación y un componente altruista que permita renunciar a posiciones intransigentes en temas que no se prestan al consenso, y hacer acuerdos en los que se pueden hacer compromisos. 

Esta preocupación la comparten varios otros columnistas, que han escrito sobre ese tema a raíz de la expedición del estatuto de la oposición, Eduardo Posada y Ricardo Silva entre ellos. (El Tiempo, Julio 13 de 2018). 

Ya comienzan a vislumbrarse como serán las relaciones entre el gobierno y la oposición. 

Por ejemplo, con la posibilidad de que Jesús Santrich se posesione la semana entrante como representante a la Cámara, o con la iniciativa de prestantes elementos del Centro Democrático que preparan obstinadamente un referendo para modificar el acuerdo de paz. 

El agarrón entre María Fernanda Cabal y Francisco Tolosa en la W el jueves pasado no permitiría abrigar ninguna esperanza de que esas relaciones se van a desarrollar en forma civilizada, pero como Iván

Duque ha firmado con los presidentes del Polo y de las Farc el “Pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales”, se puede especular sobre un panorama menos pugnaz. 

Este panorama lo puede inducir el nuevo presidente y sería radicalmente diferente del que se ha agitado durante el debate electoral que pondría a la oposición a vociferar permanentemente en el congreso, a hacer política en los juzgados penales y a organizar manifestaciones en las calles y las plazas públicas mientras la administración se ocupa de destruir los avances alcanzados en el proceso de paz y descuida la economía, el progreso social y el buen gobierno. 

En el otro extremo se podría pensar en no cambiar los acuerdos de paz, permitir que la JEP y la comisión de la verdad desarrollen sus funciones sin los excesos de prevención y desconfianza que ahora lo impiden. La corte constitucional ha despejado el camino para seguir adelante con la reforma rural y la restitución de tierras y posiblemente eso permita también generar soluciones alternativas efectivas para sustituir el cultivo de coca y para el posconflicto. La oposición renunciaría a su deseo de meter a alguno de los expresidentes vivos a la cárcel y podría conseguir que Santrich no se posesione hasta que la JEP aclare su situación. Limitaría sus protestas públicas y buscaría acuerdos sobre los temas de interés compartido. El beneficio de generar soluciones como estas es evidente. Los ministros recién anunciados seguramente las acojan porque la administración podría dedicarse a generar empleo, crecimiento y bienestar y a corregir fallas estructurales que inciden sobre la equidad y el progreso social.(Colprensa)