Todo funcionario o persona natural tiene derecho a ejercer su derecho de defensa, pero, naturalmente, cuando se trata de dignatarios de tanta relevancia a nivel nacional,  deben incrementarse los mecanismos para investigar y llegar a la verdad de los hechos, con la finalidad de adoptar la decisión que corresponda en derecho, al tiempo que se libere un poco la maltrecha imagen de quienes ejercen la representación del Estado en búsqueda de la justicia. 

Preocupa inmensamente a los servidores de la justicia honestos, probos, rectos, que son la mayoría,  la estigmatización que se está haciendo, ante la magnitud inmensurable de este hecho repudiado por la ciudadanía en general y por los mismos trabajadores judiciales, interesados en que se llegue a la verdad para que se apliquen los correctivos del caso. 

Quien está investido de tan alta dignidad, debe ser persona recta, trasparente, ecuánime, ponderado y justo por ser la Tercera Rama del Poder Público y por lo que representan ante este hecho tan delicado.

La administración de justicia, los unge de una especial investidura y dignidad, que ofende a los servidores de la misma, por esta denuncia, máxime, que ella es sinónimo de paz, justicia y equilibrio social.

La corrupción golpea al país, por ello, la mejor manera de buscar eliminar de tajo estos hechos aberrantes, es despolitizar la justicia, suprimirle totalmente la intervención política consagrada en la Carta Política del 91 de cumplir funciones electorales, como postular para Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación,  así como el Senado elige de ternas de Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Presidencia de la República, a los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, donde ha habido tantos cuestionamientos en especial de la Sala Disciplinaria, eminentemente políticos, así como los de la Corte Constitucional.

¿Podemos hablar así de Independencia de la Rama Judicial? NO y este es el CÁNCER QUE ESTA AFECTANDO LA JUSTICIA.  

Y porque no se establece concurso de méritos para las Altas Cortes, y se evita que sigan esos nombramientos, a veces tan demorados, de listas seleccionadas por el Consejo Superior de la Judicatura, que permita llegar a funcionarios juiciosos o personas con hoja de vida intachable con un proceso selectivo eficaz y oportuno

Y en el curso concurso que está terminando organizado por la ESCUELA JUDICIAL, ente subordinado del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDIATURA, para aspirantes a Jueces y Magistrados de Tribunal, se ha insistido hasta la saciedad, en la ÉTICA Y MORAL que deben tener esos funcionarios. Ello implica ciertamente reforma constitucional, mientras se establecen otros mecanismos urgentes de control para tratar de cerrar esa brecha que nos ha conducido a un momento nefasto y bochornoso de la Justicia Colombiana. 

Insisto en mis cátedras, que un aspecto positivo de la Constitución del 91 fue el artículo 40 de ella, que permite la participación ciudadana para denunciar actos de esta naturaleza, recordando que fue la DEA la que obtuvo las pruebas para denunciar formalmente esta lamentable situación.

La Comisión Interinstitucional dela Rama Judicial, se pronunció en el sentido de la reforma que debe salir de la misma rama y no de una Constituyente, que no cambiaría el alto grado de corrupción de Colombia, en todas las entidades, llámense, Gobernaciones, Alcaldías, Contratación Estatal, Institutos Descentralizados, etc. 

Y urge la creación de la COMISIÓN DE AFORADOS, que investigue y juzgue a los altos dignatarios, como son las Altas Cortes, Congresistas, Ministros, etc, así como la ciudadanía exige rapidez, eficacia en las investigaciones aludidas, como la del caso Pretell, otra mancha, ésta en la Corte Constitucional.

EL PAÍS CLAMA POR UNA PRONTA DECISIÓN RECTA Y EN ESTRICTO DERECHO.