Los efectos de la guerra en Colombia se han acentuado con crudeza en las regiones más apartadas, mientras que las decisiones para intentar ponerle fin al conflicto han reposado en unas cuantas manos en el centro del país.

Esto responde a la forma en que están construidas nuestras instituciones públicas, las cuales dependen de un nivel central que debería funcionar en coordinación con las entidades territoriales que conocen las particularidades de cada una de las regiones. Lamentablemente esta idea no se ha desarrollado en igual medida en toda Colombia.

A partir de ese problema complejo, el ex comisionado de paz Sergio Jaramillo planteó la idea de la paz territorial. Esta consiste en una alianza entre el Estado y las comunidades para lograr incluir e integrar a quienes han estado al margen de la construcción de la institucionalidad.

Esta idea, planteada inicialmente en el 2016, recibió un nuevo impulso con la voluntad de reanudar los diálogos de paz con el Eln. Así lo han hecho saber emisarios del Gobierno y de este grupo armado que se reunieron la semana pasada en La Habana.

En ese sentido, se ha propuesto una estrategia de diálogos regionales, donde las asociaciones, las instituciones públicas, los gremios y la sociedad civil tendrían una participación visible en la discusión de lo que conviene a los lugares más afectados por la violencia.

Sin embargo, no será una tarea fácil. Una de las dificultades consistirá en acercar sectores que no han tenido mayor protagonismo en este tipo de discusiones: por una parte, campesinos, comunidades étnicas, empresarios, universidades, organizaciones sociales, miembros de la Iglesia, sociedad civil en general; y, por otra parte, alcaldes y gobernadores. Considero que el primer paso en el camino de propiciar la construcción de paz con las comunidades deben darlo las instituciones públicas.

De allí surge la segunda dificultad, la cual está asociada con los intereses propios de cada una de las regiones. No será sencillo, pero ya hay una experiencia que, en nuestro caso, acompañó la Gobernación de Norte Santander en 2017, llamada Encuentro de Diálogo Útil para la Construcción de Paz Territorial y que se desarrolló en Cúcuta, Ocaña y Tibú. Construir sobre lo que allí se hizo, será un buen punto de partida.

Un tercer reto, y quizá el más difícil, está relacionado con la desconfianza de diversos sectores a los asuntos relacionados con la construcción de paz. La clave para afrontarlo está en que estos grupos de personas sean actores y no simples receptores de esos programas. Esto se traduce en que las personas que allí participen entiendan que sus derechos y reclamos también cuentan. “En la medida en que las instituciones responden, la gente es más consciente de sus derechos y exige más. Así se construye institucionalidad”, plantea Sergio Jaramillo.

La descentralización de las discusiones de paz inicia con el liderazgo y coordinación de las instituciones públicas, con una convocatoria abierta que permita conocer las exigencias de una región tan amplia y diversa, y así poder llegar a consensos mínimos sobre la región y el país que somos y que queremos ser.