Una vez más el ministro de defensa Iván Velásquez tuvo que reconocer en público el hecho repudiable de las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes por parte de militares activos en gobiernos pasados. Fueron casos perpetrados en Ocaña, como repetición de una práctica criminal asumida por las Fuerzas Armadas so pretexto de la lucha contra la subversión.

Esa operación le dejó al país un saldo de 6.402 víctimas de jóvenes a quienes se les estigmatizaba como guerrilleros sin que tuvieran vínculo alguno con grupos armados.

De ese arrebato perverso han dado testimonios oficiales a quienes les correspondió ordenar el exterminio o ejecutarlo directamente.

Ese capítulo de horror es apenas un segmento de la atroz violencia impuesta a Colombia desde diferentes vertientes. Lo cual ha sido constante y con intensidad despavorida. No fueron ajenos a ese desatino los partidos Conservador y Liberal en la lucha por el poder en el siglo XX. Aferrados al sectarismo se enfrentaron a muerte, con un saldo de víctimas que desangró al país en forma brutal. Los asesinatos eran cotidianos y la persecución entre contarios fue un surtidor de enemistades con degradación de las relaciones personales. Una turbidez que afectó seriamente la convivencia y produjo un desgarramiento de alcance colectivo.

La aparición de las guerrillas es generadora de otras corrientes de violencia en grado extremo. Es la lucha armada con finalidades políticas, en busca del poder para entregarle al pueblo los derechos sociales que no ha tenido, según lo proclamaban los comandantes del alzamiento.

La guerrilla promueve la profundización de su lucha y provoca una brusca alteración del orden público por el enfrentamiento entre las fuerzas contrarias del establecimiento, de una parte y la emergente subversión, de otra. Es una violencia de exterminio entre enemigos, con medición de sus capacidades en el combate que libran.

Ese enfrentamiento le abre paso a diferentes formas de violencia: el homicidio, el secuestro, la extorsión, la desaparición forzada, entre otras, con aplicación cada vez mayor.

Como reacción a las guerrillas surge el paramilitarismo y este le da paso a otros grupos criminales, emparentados con el narcotráfico y por consiguiente los cultivos de coca.

Todo ese tejido de ilegalidad armada ha convertido a Colombia es un escenario de violencias arraigadas. La muerte está en todas las esquinas y a toda hora. La inseguridad invade las ciudades y las áreas rurales. No se trata de un problema nuevo. Se ha incrementado con el paso del tiempo y por consiguiente se requiere poner en marcha políticas tendientes a erradicar los factores que son caldo de cultivo de la violencia.

El reconocimiento de este mal, con sus devastadores efectos, tiene que llevar a la construcción de unas políticas de paz que tengan la profundidad requerida, hagan posible la desmovilización de todos los actores armados y el saneamiento de las afectaciones acumuladas. Y que no se repitan actos como el exterminio de la UP, el asesinato de líderes sociales, de defensores de los derechos humanos o de ambientalistas. Tiene que abolirse el secuestro y que de inmediato queden libres los que padecen ese flagelo.

Se sabe que hay quienes se oponen a la paz. Hay que enfrentarlos y hacerles reconocer su error y su desvío.

Puntada

El foro Actores del desarrollo socioeconómico de la frontera Colombo-Venezolana fue un evento con conclusiones que deben tener aplicación. Hay que seguir.

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