El informe del director de la Función Pública, Cesar Manrique, sobre la indebida utilización de la figura de contratos de prestación de servicios en las entidades oficiales, deja ver con toda claridad la forma en que se ha venido utilizando tal sistema de contratación con el objeto de pagar favores políticos y para despilfarrar los presupuestos públicos, pisoteando de paso la posibilidad de ofrecer un trabajo formal y digno a los servidores estatales.

Según el funcionario, existen casi un millón de contratos de este tipo, en donde aproximadamente el 60% corresponden a las entidades territoriales. Curiosamente las entidades nacionales que más utilizan este mecanismo son el Sena, el ICBF y la Universidad Nacional.

Esta figura fue concebida para casos muy especiales que tengan que ver con labores específicas y especializadas, pero se ha convertido en una alternativa para pagar favores y para vincular personal en labores muchas veces indeterminadas, y sin que tengan que ver con los objetivos fundamentales de las entidades, en donde es fácil percibir que muchos de los contratados no tienen nada que hacer.

Fuera de eso constituye un perverso instrumento para reclamar fidelidad a objetivos personalistas, en donde la no observancia de la misma, resulta ser motivo para la no renovación del contrato.

La Función Pública ha dado un plazo de cuatro meses para que las entidades elaboren planes de sustitución de la figura, pero ha estimado que el avance sólo podrá medirse en cuatro años, un periodo que luce demasiado largo.

Los medios de información han dado cuenta en muchas oportunidades de los abusos que se cometen con este mecanismo y de la forma como se derrochan los presupuestos, sobre todo en las regiones que manejan abultados recursos provenientes de las regalías. Ya podrán imaginarse los lectores el costo que tiene para el erario el sostenimiento de un millón de funcionarios bajo esta modalidad.

Las entidades públicas tienen que ser serias en este sentido y deben estar en capacidad de asimilar el concepto de empleo formal, con justificación plena en la necesidad del servicio y con atención a los elementos institucionales y de la misionalidad.

De otra parte, los recursos destinados a la burocracia tienen que ser fríamente calculados, de manera que puedan estar en capacidad de brindar una relación costo-beneficio a la respectiva institución.

Y no podemos perder de vista de que el objetivo de formalizar el empleo tiene que ser un imperativo, si se estima que la dignidad de la persona lo exige y los principios de seguridad social, equidad y justicia lo reclaman.

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