Siempre he pensado que lo mejor para Bogotá es un metro subterráneo. Como el que empezamos en la alcaldía que se inició en 2008 y que no pudo concluirse porque lo saboteó Gustavo Petro, alcalde de 2012 a 2016, sabotaje que aprovechó Enrique Peñalosa durante su alcaldía –con la ayuda de Santos– para cambiarlo a metro elevado y dejárselo contratado a la alcaldesa Claudia López. La construcción la ganó el consorcio chino APCA Transmimetro, debe terminarse en 2028 y va invertido el 19 por ciento de su valor, sin contar el costo de la deuda.

Pero ahora el presidente Petro, abusando de su poder, quiere cambiarles al consorcio y a Claudia López, y a la brava, el metro elevado por uno subterráneo. Este acto de autoritarismo, sin antecedentes en la historia de Colombia, significa que las obras del metro se demorarían otros 7 años, hasta 2035, y costarían hasta 17 billones de pesos más, para un total de 29 billones. Y ese cambio de obra y de contrato, al decir de respetables abogados, es abiertamente ilegal, lo que significa que si se hiciera, podría acarrearle fuertes sanciones legales a la firma constructora y hasta cárcel a la alcaldesa.

Como el consorcio y Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, así no le guste a Petro se resisten a violar la ley y a correr el riesgo de sufrir sanciones legales, Petro le dio orden a su ministro de Transporte, el conservador Guillermo Reyes, que la chantajeara públicamente, anunciándole que el gobierno nacional no le transferirá a Bogotá los 28 billones de pesos que necesita para otras obras, como llevar el metro a Suba y Engativá y construir el Regiotram y tres cables aéreos.

La rabieta autoritaria de Petro es un descarado chantaje a la alcaldesa de Bogotá, que no es su subalterna, y una dura agresión a los bogotanos, que no tienen nada que ver en la controversia y que sí pagan un porcentaje altísimo de los impuestos que se gastará Petro en su gobierno.

El debate ya no es entonces sobre si se prefiere metro elevado o metro subterráneo, asunto sobre el que cada uno tiene la libertad de opinar como quiera. La controversia se centra en si Petro puede obligar a la alcaldesa de Bogotá –elegida por los bogotanos derrotando a Holman Morris, el candidato petrista–, a someterse a sus caprichos y si, además, puede hacerle el vulgar chantaje que le está haciendo.

La controversia es sobre si Petro puede usar el presupuesto nacional para arrodillar a cada alcalde y gobernador de Colombia a lo que se le dé la gana y maltratar a la ciudadanía y sobre si este país es una democracia, con todos sus defectos, o una autocracia.

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Para completar su autoritarismo, otra hazaña de Gustavo Petro, esta vez defendiendo a ultranza a Irene Vélez, su ministra de Minas, quien nos presentó a los colombianos cifras falsas inflando la reservas de petróleo y gas, puso a firmar dichas cifras a altos funcionarios del ministerio que no las suscribieron y no las comparten y se empecina en que en este gobierno no habrá nuevos contratos para buscar hidrocarburos, con lo que también viola la ley porque a los ministros de Minas no les pagan para impedir la minería sino para promoverla, cuidando por supuesto el medio ambiente, conductas graves e ilegales que debe sancionarle la Procuraduría.

Pero según Petro, como a la MinMinas “no se la crítica por bombardear niños o robarse o dejar robar recursos públicos”, no hay problema. Mientras sea petrista, puede proceder a su antojo.