Pablo Beltrán, segundo jefe del Eln, volvió a ratificarlo esta semana: ese grupo violento no va a dejar de secuestrar. Dijo que cuando firmaron “los protocolos de cese [del fuego] en La Habana quedó claro que las actividades de finanzas no quedaban incluidas en el cese [y] que realizamos actividades de finanzas para sostener la rebelión”.

Unas semanas antes lo había dicho Antonio García, el cabecilla del grupo, que afirmó que “el Eln no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El Eln solo hace prisioneros y retenidos”. Y  reiteró que los elenos no se han comprometido a “no realizar operaciones de finanzas, entre ellas privaciones de libertad con carácter económico, para obtener recursos que permitan sostener sus estructuras”.

Más allá de los eufemismos y el cinismo, el mensaje es claro: el Eln sostiene que no se comprometió a dejar de secuestrar cuando firmó el cese del fuego y afirma que seguirá secuestrando mientras que negocia con Petro. Queda claro que la liberación de Luis Manuel Díaz solo se debió al escándalo que se armó por ser papá del fenomenal Lucho.

Alguien, con razón, podría sostener que el Eln sí se comprometió a respetar el Protocolo II adicional a los cuatro Convenios de Ginebra, que establece que “están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar […] d) la toma de rehenes”, una de cuyas modalidades es el secuestro. 

El problema es que el Eln no lo entiende así. Y que para el gobierno continuar negociaciones con unos elenos que tienen secuestrados y no los liberan, 38 según el MinDefensa, y que siguen secuestrando, es un imposible ético y constitucional.  

Porque proseguir las negociaciones en esos términos supone tácitamente aceptar que el Eln seguirá delinquiendo, secuestrando y haciendo víctimas entre los civiles, mientras que el Gobierno lo tolera y mira a otro lado, y que no se les puede exigir cumplir el protocolo de cese del fuego que firmaron. En otras palabras, el protocolo sería apenas un papel muerto, sin valor alguno, excepto para asegurarle a los elenos que el estado no los perseguirá. 

Y porque el cese del fuego acordado en el  segundo punto establece expresamente que no se realizarán “acciones ofensivas de ningún tipo [incluyendo] no realizar acciones de inteligencia entre las partes”. De manera que la Fuerza Pública no podría ni investigar un secuestro ni realizar las operaciones necesarias para rescatarlo. Así las cosas, a militares y policías les queda prohibido por el cese del fuego cumplir con las obligaciones constitucionales de proteger vida, integridad, libertad y bienes de los habitantes en el territorio nacional.

En estas circunstancias, no quedan sino tres alternativas. La primera, que el Eln libere a los secuestrados que tiene en su poder y no vuelva a secuestrar.  Los elenos ya han dicho que seguirán secuestrando. La segunda, que el gobierno se levante de la mesa, se rompa las negociaciones y se combata con todo el poder del Estado a los criminales. Pero hay una tercera: que el gobierno negocie sin cese del fuego. 

A mí no me gustan las negociaciones con los violentos, lo he dicho en otras ocasiones. Creo que el camino de la sociedad democrática y civilizada es el de someter a los bandidos y no el de premiarlos. Pero la solución de negociar mientras se combate es la que los últimos 35 años de diálogos con criminales enseñan como más efectiva. El gobierno jamás debería olvidar que así fue que se logró que las Farc negociaran en serio, después de muchos intentos frustrados en que esa guerrilla solo uso los diálogos para fortalecerse. Como hacen los elenos hoy, por cierto.