Hay que desarrollar varios frentes. Uno, conseguir que la agenda política no la determine Petro. No es fácil. Petro es un hábil comunicador y ha conseguido que sean sus declaraciones, mucho más que sus acciones, las que determinen los temas de la discusión política. Nos pasamos debatiendo lo que dice Petro, en lugar de examinar y evaluar su gestión de gobierno que, desde la economía a la seguridad y la “paz total”, hace agua por todos los costados.
Desarrollar una estrategia judicial es también fundamental. Este gobierno ha demostrado una y otra vez que está decidido a saltarse las normas para hacer lo que quiere. La oposición tiene que contar con un arsenal de abogados que demanden sin descanso las leyes, decretos y resoluciones con los que la izquierda pretende saltarse el estado de derecho. Tanto el Consejo de Estado como la Constitucional han demostrado en distintas ocasiones que pueden ponerle freno a los abusos normativos y las vías de hecho del gobierno.
De paso, hay que empezar a denunciar directamente a Petro, ahora que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha recordado que no tiene fuero para injuriar y calumniar y que también tiene la obligación de denunciar cuando sepa de la comisión de un delito, so pena de incurrir él mismo en otro, el de omisión de denuncia. Petro se la pasa acusando a medio mundo de haber cometidos delitos y dice también conocer de alianzas con mafiosos y paras, pero jamás da una prueba de lo que afirma.
La oposición no puede flaquear en investigar y denunciar la corrupción en la administración pública, un mal consuetudinario desde la irrupción del narcotráfico en la vida nacional pero peor que nunca en este gobierno que tiene por norma conductual que el fin justifica los medios, que llegó al poder con hambre vieja y afán de aprovechar la oportunidad para hacerse rico, y que está dispuesto a saquear el erario para proteger a Petro y quedarse en el poder, como lo demuestra la operación sistemática de saqueo de la UNGRD para sobornar congresistas y facilitar el paso de los proyectos del gobierno y asegurar su impunidad en la Comisión de Acusaciones.
Tampoco puede dejar de insistir en que el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía cumplan con sus obligaciones constitucionales en relación tanto con la financiación ilegal de la campaña como con la investigación de los casos de corrupción ocurridos en torno de ella, incluidos los del primogénito y el hermano de Petro.
Por cierto, debe dejarse el temor de aplicar el artículo 109. Eso de que se debe evitar darle oportunidad a Petro de victimizarse es una tontería. Por un lado, la defensa de las instituciones es la defensa de la Constitución y si Petro hizo trampa para llegar al poder, como la hizo, debe pagar por ello. La impunidad presidencial, de Samper a Santos, ha sido un pésimo antecedente. De aquellas lluvias, estos lodos. Por el otro, es tanto el daño que Petro está haciendo, desde el desmonte de la burocracia técnica en la administración y su colonización por sectarios y fanáticos hasta la claudicación frente al narcotráfico, pasando por el desplome de la economía, que cualquier mes de tragedia que le ahorremos al país será bien agradecido.
Finalmente, la elección de un buen Procurador y, sobre todo, de excelentes magistrados en la Corte Constitucional, son claves. Las llagas de corrupción del Congreso han quedado a la vista con la operación gubernamental de soborno de parlamentarios y con la aprobación de la pensional. El tribunal constitucional es la última frontera de la defensa de la democracia y el estado de derecho.
