El desastre presupuestal que enfrenta el gobierno actual es una prueba más de la incapacidad de planificar con responsabilidad y realismo. Tras haber aprobado una reforma tributaria en 2022, que supuestamente aseguraría el financiamiento de los próximos años, nos encontramos nuevamente en una situación en la que se habla de la necesidad de aumentar los ingresos tributarios. ¿Por qué? Porque el gobierno no hizo bien sus cálculos, proyectando cifras irreales y fantasiosas que ahora no se sostienen.

El presupuesto para 2025 refleja una desfinanciación de más de $12 billones, y en lugar de admitir el error y hacer los ajustes necesarios, parece que la solución será nuevamente cargar a la clase media con más impuestos. Es inaceptable que, después de haber soportado una reforma tributaria que incrementó la carga impositiva sobre los salarios y sobre sectores productivos como el minero energético y el financiero, ahora nos digan que necesitamos otra modificación para tapar los huecos fiscales.

Pero el problema no es únicamente el mal cálculo de los ingresos. Los escándalos de corrupción, como el desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dejan en evidencia que el dinero que tanto se nos exige no se traduce en mejoras para el país, sino que termina en los bolsillos de los delincuentes. Es insultante que, mientras las arcas del gobierno se vacían por la corrupción, se espere que la clase media siga pagando la cuenta.

Los impuestos que paga la clase media son múltiples y abarcan casi todos los aspectos de la vida diaria: pagan por el carro, la moto, la casa, la finca, por comprar, por vender, por trabajar, por invertir, por ahorrar, por emprender, por viajar, por comer, por vivir y, para rematar, hasta por morirse. Y a cambio, ¿qué recibes? Un gobierno ausente que falla en proveer los servicios más básicos como seguridad, justicia, salud y educación. Este desequilibrio entre lo que se paga y lo que se recibe no solo es injusto, es insostenible e inaceptable.

La clase media no puede seguir siendo el chivo expiatorio de las malas decisiones políticas y de los multimillonarios desfalcos de corrupción. Este grupo sostiene la economía, invierte en educación, impulsa el consumo y aspira a un futuro mejor. Pero, esa promesa de progreso, esa idea de que el esfuerzo puede llevarnos a una vida mejor, se desvanece cuando el gobierno interviene con políticas fiscales que desincentivan el ahorro y la inversión.

Las familias que han trabajado años para construir su patrimonio, para comprar su vivienda, para ahorrar pensando en una vejez digna y en la educación de sus hijos, se ven hoy asfixiadas por impuestos que no dejan espacio para el progreso. En lugar de premiar el esfuerzo y la inversión, el gobierno parece castigar a quienes intentan avanzar en este país.

El Congreso tiene la responsabilidad de devolver el proyecto de presupuesto al gobierno y exigir un ajuste realista. No podemos seguir jugando a proyectar ingresos que nunca llegarán, y luego pretender cubrir el déficit con impuestos que solo empeoran la situación de los ciudadanos. La historia nos ha enseñado que estas reformas nunca son suficientes, y que, si no se toman medidas estructurales, en un par de años estaremos discutiendo nuevamente sobre cómo aumentar los ingresos.

Es hora de que el gobierno deje de actuar con irracionalidad, repitiendo las mismas fórmulas que ya han fracasado, y se enfoque en corregir sus errores antes de seguir descargando sus problemas sobre la clase media. Si no se ajusta ahora, los problemas que enfrentaremos en el futuro serán mucho más graves, y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones seguirá deteriorándose.

No podemos permitir que la movilidad social se convierta en un mito inalcanzable debido a un gobierno ineficiente y corrupto.

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