De los aspectos positivos de la Constitución Política está el de la protección y aplicación de los derechos, partiendo del principio de la buena fe, que debe ser fundamento de todas las acciones emanadas de los particulares y de las autoridades de cualquier orden.
Y en el artículo segundo de la obra citada, se establece que las autoridades están instituidas para proteger a los colombianos, cumpliendo con los deberes sociales del estado.
Lamentablemente el propio Presidente de la República viola olímpicamente como es su costumbre la Carta Magna y se fue a los Emiratos Árabes a negociar el páramo; hecho controvertible que se traduce en ruda agresión a los Santanderes por perjudicar abiertamente los recursos hídricos, la salud de los moradores y amenazar con la utilización del mercurio el bienestar de los residentes en el sector y de quienes utilizan las aguas que nacen de ese patrimonio ecológico, que debiera ser protegido por la autoridades ambientales, en detrimento del pueblo colombiano.
Afortunadamente, la carta política dio libertad de expresión al pueblo, al consagrar en el artículo 79 el derecho a un ambiente sano, en concordancia con lo establecido en el artículo 40 relacionado con el control por los ciudadanos de lo político, mediante su participación democrática.
Este preámbulo para dimensionar el grave error del presidente de los colombianos, al ir a negociar la entrega del páramo de Santurbán en detrimento de los ciudadanos que nos beneficiamos de sus recursos hídricos, para que una compañía árabe, Minersa, que aún no cuenta con licencia ambiental, para la explotación del oro, entre a saquear los bienes de la nación, por orden presidencial.
Vale la pena destacar la defensa que hacen los santandereanos empezando por su alcalde, en defensa de su patrimonio, demostrando que el bienestar y la salud del pueblo es más importante que unas migas de pan que cancelarían los árabes para llevarse la riqueza natural. Ellos consideran más importante defender su dignidad y derecho a la vida, que conceder una explotación que destruiría el ecosistema, con grave impacto ecológico causando escozor.
Mientras la clase cívica dirigente de Bucaramanga pelea ese natural derecho de proteger el medio ambiente y la naturaleza, en nuestro departamento existe sepulcral silencio al respecto, cuando, deben ser nuestros congresistas los que asuman la defensa de los derechos de los nortesantandereanos.
En momentos de elecciones es cuando se requiere ver el carisma de nuestros eternos representantes, que deben luchar defendiendo los intereses del pueblo, obligación natural, por llevar la representación del departamento en el Congreso.
Debemos mostrar ese espíritu fuerte que se achaca a los santandereanos e impedir, que así haya presión presidencial, seamos golpeados como el departamento del Chocó que ha sido saqueado del oro y la tala de árboles dañando el ecosistema, recordando que lo perdido en recursos hídricos no se recupera, así como vemos los cauces de los otrora grandes ríos como el Pamplonita o el Zulia que fueron navegables según nos contaban nuestros padres.
Y así haya dineros de por medio, como en ODERBRECHT, según dijo el Fiscal General, debemos asumir con gallardía y entereza cívica la defensa de nuestro territorio, para dejarles a los hijos y nietos un departamento sano y no una pérdida de invaluable valor como es el nacimiento de ríos, patrimonio universal y que no puede asaltarse así sea con la intervención presidencial causando desmejora en el ambiente a los ciudadanos.
Ejemplo de hidalguía y respeto a la naturaleza lo brindó Cajamarca en el Tolima, que se opuso a la explotación minera por afectar severamente la naturaleza y contando con estas herramientas, debemos utilizarlas para el beneficio común. Le corresponde a Corponor, asumir la defensa natural de nuestro territorio, actuando con respeto y pensando en el bienestar de las futuras generaciones, realizando los estudios de impacto ecológico y factores que incidan para conservar el ecosistema.
