La planeación en un municipio necesita que sus funcionarios acumulen capacidades técnicas y políticas para que un ente territorial pueda generar un desempeño institucional orientado a mejorar las condiciones de vida de la gente.
Por supuesto, la planeación del desarrollo requiere del uso de recursos, lo cual implica una gestión adecuada de las finanzas públicas. En este sentido, las finanzas públicas territoriales se convierten en la base material del desarrollo; por medio de una adecuada gestión de los recursos públicos, un municipio puede priorizar e invertir en educación, construir y dotar un conjunto de equipamientos urbanos y rurales con la finalidad de mejorar el capital humano, la seguridad y la competitividad local.
En este contexto, municipios como Cúcuta pueden planear su desarrollo con una gestión adecuada de sus finanzas, lo cual debe sustentarse en sus capacidades y limitaciones. Por ejemplo, acudir al endeudamiento como fuente de financiamiento es una alternativa, cuando otras fuentes de ingresos como los impuestos, los rendimientos financieros, los recursos de balance o las utilidades generadas no son suficientes, o se han presupuestado para otros fines, teniendo en cuenta que un alcalde no puede hacer uso de ingresos y de gastos con destinación específica dado el mandato de la Constitución y de la ley.
Sin mencionar de las obligaciones y reservas de gastos e inversiones que debe presupuestar y aprovisionar. Sin embargo, cada vez que un alcalde quiere hacer uso del endeudamiento, los funcionarios encargados de la planeación territorial y presupuestal deben sustentar la viabilidad técnica, jurídica y política de tal iniciativa. Sobre esto debería hacer seguimiento y control político, los concejales de Cúcuta y no hacer aprobaciones a pupitrazo.
Al respecto, la deuda actual del municipio asciende a $164.132 millones con un servicio de deuda por pagar a corte de 2024 de $29.521 millones.
A su vez, la ley 358 de 1993 establece los fundamentos y los indicadores financieros que viabilizan el endeudamiento, aunque ésta fue modificada por la ley 2155 de 2021, estableciendo los indicadores de solvencia en 60% y de sostenibilidad de la deuda en 100%; actualmente dichos indicadores para Cúcuta son de 15% y 76% respectivamente, y actualmente la calificación de riesgo se encuentra en A negativo.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el alcalde Jorge Acevedo solicitó un cupo de endeudamiento de $287.500 millones lo que generaría un servicio de la deuda de $39.327 millones al primer año de pago, y una nueva deuda de $427.500 millones. En consecuencia, el indicador de solvencia aumentaría a 33% y el índice de sostenibilidad de la deuda pasaría a números rojos de 129%.
Esto indica que el endeudamiento solicitado no es sano y es altamente riesgoso; supera la capacidad financiera del municipio, generando un endeudamiento peligroso con posibles incumplimientos, lo cual podría que llevar a la pérdida de la autonomía en la gestión de las finanzas públicas, y condicionar negativamente la planeación del desarrollo como ocurrió en administraciones anteriores.
Al realizar un cálculo a 10 años, con base en un IPC del 3% según indica el marco fiscal de mediano plazo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y con base en un endeudamiento real y libre de riesgos, con una tasa de interés del 15,85% y un periodo de gracia de dos años, éste sería igual a $ 190.000 millones; con estas estimaciones, los indicadores de solvencia y de sostenibilidad de la deuda se ubicaría en números verdes de 18% y 99% respectivamente.
En conclusión, la planeación del desarrollo en un municipio necesita que sus funcionarios posean capacidad técnica y política, así como la reserva ética para argumentar y orientar a un alcalde para que gestione las finanzas públicas en beneficio del interés general. A los concejales les corresponde hacer debates y aprobaciones con base en evidencias de rigor, así como realizar seguimiento y control político.
Si este ejercicio se blinda con veeduría y participación ciudadana, gana la ciudad: Cúcuta lo necesita.
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