Un estudiante de Derecho de la UFPS está en huelga de hambre desde hace siete días; una manera de protestar que compromete la propia integridad y por eso supone una gran determinación y una enorme fuerza de voluntad, cosa poco común sobre todo en un joven estudiante.

Carlos Bolívar, el protagonista de la huelga, es representante legal de una veeduría ciudadana. La causa inicial de su protesta es la existencia de dos procesos disciplinarios en su contra que tramitan los órganos directivos de la Universidad, al considerar que funcionarios o dependencias de la UFPS han sido irrespetadas por los términos en que el joven veedor se refiere a ellos en la página en Internet de la “Procuraduría Ciudadana UFPS”. Un desenlace posible de esos procesos es la suspensión por varios semestres del estudiante.

Según la noticia presentada por El Espectador, medio que ha cubierto la noticia en dos notas recientes, el veedor afirmó, refiriéndose a la UFPS, que “la división de sistemas es un foco angular de corrupción y clientelismo”, y que “el Consejo Superior acolita la mediocridad y la pereza”.

No me referiré a la veracidad de estas afirmaciones porque, sobre todo en lo tocante a la segunda de ellas, se basan en valoraciones que pueden tener una buena carga de subjetividad y versan sobre hechos y situaciones de las que no estoy bien informado. Si puedo en cambio argumentar que quienes ejercen el oficio de veedores u opinadores públicos están facultados para ofrecer su propia percepción de hechos, de personas o de entidades que por ser públicas están naturalmente expuestas al escrutinio y la apreciación subjetiva de cualquiera.

¿Qué tal que me diera por decir en esta columna que la alcaldía de Cúcuta es foco de corrupción, y entonces esa misma entidad ante una instancia propia, por ejemplo el Consejo de Gobierno, me iniciara un proceso disciplinario por irrespeto?

Ese tipo de procesos disciplinarios o judiciales, cuando se refieren a afirmaciones que tienen una carga argumental consignada en un medio escrito, así tales argumentos puedan calificarse como subjetivos, dan lugar a lo que se llama un delito de opinión.

Si el caso del estudiante Carlos Bolívar tuviera lugar en una universidad del Medio Oriente, de China, de Rusia, de Cuba, o tal vez en un seminario, me parecería un hecho común y lamentable propio de una sociedad autoritaria y represiva. Pero que ocurra en una universidad pública colombiana solo me parece un indicador de lo mucho que nos falta para sentirnos un país completamente libre y desarrollado.

Desde esta modesta columna de opinión, exhorto respetuosamente al Rector de la UFPS y al Gobernador de Norte de Santander, quien preside el Consejo Superior Universitario, a que le pongan término a esa vergonzosa acción disciplinaria que ya es noticia nacional, contra un estudiante que no solo es brillante y aplicado, sino que además muestra en sus actuaciones públicas una convicción y una valentía que antes que sanción merecen recompensa.

www.pedroduranbarajas.com