Esta semana, el gobierno de Petro presentó un proyecto de ley que propone reducir las penas para quienes han cometido delitos atroces contra la infancia y la adolescencia, como violación, asesinato y secuestro, bajo el pretexto de descongestionar el sistema judicial. Este anuncio, realizado por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, pone de manifiesto un patrón preocupante de este gobierno: inclinarse del lado de los victimarios en lugar de proteger a las víctimas.

Desafortunadamente, no es la primera vez que nos enfrentamos a propuestas de este tipo que atentan contra los derechos de los niños y adolescentes. A diario, los defensores de los menores de edad debemos atajar iniciativas como esta. La solución no radica en suavizar las penas, sino en fortalecer un sistema de protección que ha fracasado en salvaguardar los derechos y la seguridad de nuestros menores de edad.

Rebajar las penas para estos delitos inhumanos constituye un ataque directo a la justicia. El Código de Infancia y Adolescencia, fruto de la lucha de organizaciones sociales, estableció de manera clara que este punto es innegociable. Por lo tanto, esta propuesta no solo representa un retroceso inaceptable, sino que también pone en grave riesgo la vida y la integridad de nuestra infancia más vulnerable.

Pensemos en una niña de tres años que ha sido víctima de violación a quien le han destrozado su sistema reproductivo. La pregunta es: ¿qué se va a negociar con los perpetradores de estos crímenes, ya que en el 80% de los casos son familiares o personas cercanas? ¿Se les va a recompensar por admitir haber cometido tales atrocidades? La justicia no puede ser un juego de concesiones; debe ser un firme compromiso con las víctimas y su protección. La reducción de las penas para estos agresores no solo viola el principio de proporcionalidad, que estipula que la severidad del castigo debe corresponder a la gravedad del delito, sino que también socava la noción de justicia y reparación para las víctimas.

Un principio clave en esta discusión es la justicia restaurativa, que busca la rehabilitación del agresor y la reparación del daño. Sin embargo, cuando hablamos de crímenes como la violación y el asesinato de esta población, la posibilidad de rehabilitación es muy limitada. Diversos estudios psicológicos demuestran que los agresores sexuales presentan altas tasas de reincidencia, lo que invalida las medidas que pretenden suavizar las penas bajo la premisa de reintegrar a estos criminales a la sociedad.

Lo que Colombia realmente necesita es una reforma profunda en su sistema judicial que acelere los procesos y mejore la eficiencia, en lugar de favorecer la impunidad. En un país que realmente se preocupara por la infancia, la ministra de Justicia debió convocar una reunión articuladora en la que todas las entidades responsables trabajaran en conjunto. En lugar de negociar rebajas de penas para criminales, debería haber establecido lineamientos técnicos para abordar el tema de los crímenes contra menores de edad.

La fiscal debería haber presentado un plan para fortalecer la Dirección Especializada de la Fiscalía en crímenes contra menores, asegurando que los fiscales reciban una formación adecuada.

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura debió comprometerse a implementar medidas para que los jueces actúen con celeridad y sensibilidad en estos casos, ya que muchas veces su actuación contribuye a la revictimización.

Asimismo, el presidente de la Federación de Municipios y la directora del ICBF debieron garantizar la disponibilidad de recursos suficientes para especializar y completar los equipos, así como dotar adecuadamente a las Comisarías de Familia y Defensorías, que son el primer punto de contacto en muchos de estos casos. Además, debieron comprometerse a resolver con celeridad los procesos disciplinarios, de manera que aquellos defensores y comisarios que actúan en contra de los derechos de los niños no permanezcan en sus cargos.

Sin embargo, como era de esperarse, la ministra de Justicia, fiel a la incompetencia que ha caracterizado a este gobierno, optó por la salida fácil: negociar con los criminales. ¡Finjan sorpresa!

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