Es imperiosa la necesidad de una reforma a la justicia, ante la caída del acto Legislativo 02 de julio de 2015 que contenía el denominado Equilibrio de Poderes.

Pero, esta, debe ser integral, no mirada de manera aislada.

Por ello, la propia Corte Suprema de Justicia ha convocado a todos los Tribunales del país, para realizar el 22 de agosto una reunión cumbre para analizar los principales puntos que debe contener un cambio estructural de ella, gestada de los mismos jueces que somos los que conocemos la problemática de ella.

En la reunión regional previa con jueces y magistrados, se miró la problemática regional, encontrándose entre otros puntos necesarios de cambio, los siguientes:

La reforma debe ser integral, esto es, abarcar no solo los juzgados, sino el Inpec, Defensoría Pública, agentes del Ministerio Público  y entes afines.

Debe haber total autonomía presupuestal de la justicia o un presupuesto adecuado que satisfaga las necesidades reales de ella; creación de cargos que permita mantener una carga laboral adecuada al trabajo y proyectar la misma hacia el futuro, no debe tener la justicia injerencia en los nombramientos de Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación o cargos similares pues se politiza la misma y debe contar con total independencia.

Una carrera judicial efectiva mediante la implementación del Concurso de Méritos para las Altas Cortes, sin intromisión del Congreso en la designación de integrantes de la Corte Constitucional o Consejo Superior de la Judicatura como acontece en la actualidad.

Fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, con cobertura no solo a magistrados, jueces  y empleados, sino ampliación de la capacitación a los abogados litigantes y entidades relacionadas, teniéndose en cuenta a la provincia.   

Crear una oficina de prensa, que permita explicar los fallos que son cuestionados, por carecer de la información pertinente las personas ajenas a la rama, lo que desdibuja la imagen de ella.

La urgente creación de cargos para la Fiscalía, que permita atender oportunamente los casos de su competencia, así como garantizar la presencia de ellos y defensores públicos en los municipios que ven frenadas las audiencia por esa causa.

Contar con el número suficiente de salas de audiencia para el área penal, así como la eliminación de los centros de servicios y reintegro del personal cedido por los juzgados en aras de evitar fenómenos ajenos a la función judicial y casos de corrupción.

La urgente reglamentación de la tutela, que permita frenar el uso y abuso de ella, ante las irregularidades de las EPS  que no reciben atención por parte del gobierno central, que abarca hoy en día el 32% del trabajo de los despachos judiciales, generando atraso en los demás negocios por exceso de carga laboral, así como la creación de una oficina especializada en recaudo de tutelas verbales, por cuanto en la actualidad los turnos semanales de un juzgado paralizan su actividad en ese tiempo.