Funcionarios del Gobierno del primer mando cayeron en la tentación y en la obsesión de ver a los colombianos activos en el paro como el bando enemigo, así marchen desarmados. A esa visión perturbadora se aferran los ministros de defensa (Diego Molano) y del interior (Daniel Palacios). Ellos acogieron con beligerancia extrema la instrucción del expresidente Álvaro Uribe según la cual la Fuerza Pública debe estar en función de la represión contra quienes hagan uso del derecho a la protesta, así sea en forma pacífica. También encontraron estímulo en la directiva del presidente Iván Duque de proceder empleando sus dotaciones de “protección”.    El lenguaje de los ministros es agresivo, además de sesgado, porque siempre manejan una narrativa de encubrimiento de la realidad. Nunca ven los abusos de militares y policías, que los medios del exterior publican en su versión veraz. La ofensiva de Molano y de Palacios es de odio. Parece que tuvieran maestría en ese sentimiento, cuando debieran ser los líderes de la recon
ciliación para sacar a la nación del atolladero a que ha sido arrastrada por los desatinos de quienes gobiernan. 

Cuando se hace el inventario de los atropellos contra estudiantes y otros ciudadanos con armas letales del Esmad, o de los abusos sexuales a mujeres desprotegidas o se comprueban otras operaciones de violencia, es inevitable llegar a la dolorosa conclusión de que la consigna para acallar a los colombianos que gritan su inconformidad es impedirles ese ejercicio libre a sangre y fuego. Como en los peores tiempos de las barbaries que han abrasado a la nación por cuenta de los diferentes actores de confrontaciones despiadadas.

Sin duda alguna, hay grupos de violencia que se toman espacios en la protesta pacífica. Pero en vez de identificarlos en su acción inaceptable, se cargan las acciones oficiales contra el pueblo inerme para impedir que se exprese. Se prefiere explotar el miedo como recurso político y por consiguiente se omiten las soluciones que el país está reclamando.

Le ha faltado al gobierno el brazo de la justicia para sancionar a quienes incurren en delitos y sobre cuyos casos hay pruebas suficientes. No aplicar la justicia es abonarle impunidad a los que tienen la violencia como amparo para proteger sus intereses. 

La respuesta a la protesta ciudadana no puede ser de violencia, tanto más cuando la Constitución consagra como vértebra de la institucionalidad la norma de que Colombia es un Estado social de derecho. El empleo de la Fuerza Pública con fines represivos es contrario a la democracia y por consiguiente el camino de las soluciones es atender las demandas populares. La consigna de ahogar la inconformidad en sangre no puede tener cabida. No puede ser ese el destino de un pueblo que se formó en la lucha por la libertad.

Puntada

La decisión de reabrir la frontera por parte de Colombia es un acto de sensatez.

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