Creo que nunca ha habido en Colombia una campaña electoral con tantas denuncias de fraudes, amenazas y compra de votos como en la actual. En los medios de comunicación se informa minuto a minuto lo que ocurre en las ciudades, pequeños municipios y zonas rurales en relación con todo tipo de trampas e intenciones de afectar los comicios, así como de graves ofensas y acusaciones que se cruzan candidatos y seguidores enfrascados en una competencia escandalosa.
Francamente no adivino cuál será el final de este proceso eleccionario de cuyas críticas no escapa ni la Registraduría. Para la paz del país y para la preservación de la democracia aspiramos a que los ciudadanos podamos votar con tranquilidad, y que los resultados oficiales sean aceptados por los contendientes y por los colombianos en general.
Diversos analistas han señalado que desde la vigencia de la Constitución de 1991 el sistema político colombiano ha caído en un peligroso desorden por la proliferación exagerada de partidos, que nacen sin mayores exigencias, y por la normativa que, además, permite la presentación de candidatos independientes que mediante la recolección de firmas pueden ser reconocidos legalmente.
Ese enrevesado sistema genera mayores riesgos de fraude y de financiación ilegal por la dificultad de hacer un control adecuado del proceso y auditar debidamente cada candidatura. Por otra parte, complica a los electores la escogencia de quienes van a asumir los respectivos cargos públicos.
Dos adicionales ocurrencias entorpecen el escenario: Primero, la presencia descarada de grupos armados en numerosos municipios con la clara intención de intervenir en las elecciones, agravada por el desconcierto de las fuerzas armadas obligadas a respetar a los integrantes de las guerrillas. Luego, la inseguridad que ha surgido por las actuaciones del Consejo Electoral al inhabilitar a numerosos candidatos que ya figuran en el tarjetón electoral, de suerte que el elector va a enfrentarse a una enorme confusión.
Y resulta inexplicable que el Presidente de la República salga del país en un momento tan delicado, no tanto para el prestigio del gobierno como para la estabilidad democrática de Colombia. Emprender toda una gestión diplomática, que no debe ser nada sencilla, para lograr una entrevista con el líder chino con el fin de retomar una tema ya resuelto y, seguramente, de mediana importancia para la gran potencia oriental como es modificar el trazado del metro de Bogotá, debe ser incomprensible para el alto gobierno. Cabe anotar que, según informa la prensa, a la reunión que se convocó en la Embajada de Colombia con los empresarios chinos del Metro apenas asistieron algunos vicepresidentes y funcionarios de nivel medio.
Finalmente, me parece inaceptable que el Presidente haya tratado de intervenir indebidamente de diversas maneras disimuladas en las elecciones para favorecer o descalificar a determinados candidatos. Y en su gestión en China se nota su interés de influir en el electorado de Bogotá anunciando que el Metro se puede soterrar “si el alcalde quiere”. ¡Vaya costoso viaje para semejante estrategia municipal!
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