La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la situación de emergencia educativa en Norte de Santander, como consecuencia de la crisis migratoria, el aumento de hechos victimizantes en el marco del conflicto armado y el desbordamiento de la capacidad institucional, específicamente para la zona del Catatumbo, Cúcuta y su área metropolitana.
Según la Entidad, esta situación vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debido a las barreras de acceso, permanencia y calidad en el sistema educativo. La educación es fundamental para el desarrollo y disfrute pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y el Estado debe hacer todo lo posible para que las instituciones educativas sean seguras y presten sus servicios de manera continua.
Una de las principales causas de la afectación educativa en el departamento es la falta de nombramientos en la planta docente y administrativa, situación que han venido denunciando las instituciones educativas y que aumenta el riesgo de deserción escolar, especialmente para el caso de los aproximadamente 12.700 niños, niñas y adolescentes que no han iniciado su año escolar por esta razón, según lo reportó la Secretaría de Educación Departamental en la Mesa de Educación en Emergencia.
La emergencia educativa se agudiza en la población refugiada y migrante, debido a la situación irregular de 17.258 menores de edad venezolanos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) del municipio de Cúcuta, y de 18.110 niños, niñas y adolescentes venezolanos en el SIMAT departamental.
A esto se suma la infraestructura educativa insuficiente y precaria, las instituciones educativas con grados escolares inhabilitados, la falta de adecuación de las escuelas y colegios para la prevención del COVID-19 y, además, el bajo esquema de vacunación de los niños, niñas y adolescentes.
También hay que advertir sobre los retrasos en el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y el servicio de transporte escolar, especialmente en el municipio de Cúcuta, denunciado por los padres y madres de familia, que afecta a alrededor de 78.000 niños, niñas y adolescentes.
Y, además, que no existe un adecuado transporte escolar en algunas regiones. Por ejemplo, recientemente se dio a conocer el caso en el corregimiento Carmen de Nazaret, de Salazar de las Palmas, en donde los niños tienen que correr riesgos porque tienen que ‘colgarse’ de camionetas para ser llevados al Colegio Nuestra Señora del Carmen.
Por todo esto, la Defensoría del Pueblo exhorta a las entidades del orden nacional, Ministerio de Educación, ICBF, Migración Colombia y Ministerio de Salud, para que apoyen de manera efectiva a las Secretarías de Educación Departamental y Municipal para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en zonas rurales y urbanas, teniendo en cuenta que la escuela es un entorno protector que previene el flagelo del reclutamiento forzado, uso y utilización, trabajo infantil.
Finalmente, hace un llamado urgente a las instituciones del nivel departamental y municipal y su área metropolitana, para que adopten las medidas correspondientes que permitan superar la situación crítica que se presenta frente a la problemática educativa, que prioricen los recursos que garanticen el acceso, la permanencia y la calidad educativa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Norte de Santander.
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