El martes, comerciantes y propietarios de establecimientos nocturnos de las ciudadelas Juan Atalaya, La Libertad y los barrios Aeropuerto y Belén de Cúcuta decidieron protestar en la Alcaldía porque piden que les garanticen el derecho al trabajo. Sin embargo, otro escenario viven las comunidades de esos sectores, quienes aseguran que por fin se sienten escuchados tras una lucha de varios años pidiendo que les respeten sus derechos fundamentales.

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Y es que el fin de semana solo en la ciudadela La Libertad, 15 establecimientos nocturnos fueron cerrados por incumplimiento a la ley. En las otras dos zonas los establecimientos suspendidos en su actividad fueron 36.

Para el coronel Carlos García comandante encargado de la Policía Metropolitana, junto con los delegados de la Alcaldía, las acciones se ejercieron para  dar cumplimiento a la norma, tras un diagnóstico adelantado en el que se expusieron problemas de convivencia causados por el ruido, consumo de licor y estupefacientes.

“Los planes se desarrollaron en lugares que son de zonas residenciales en donde las múltiples quejas fueron tratadas en el Comité Civil de Convivencia que pedía la articulación, no solamente de nosotros como Policía, sino también del Departamento de Planeación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobierno, entre otros”, dijo el coronel.

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Hidela Benítez, secretaria de Gobierno de Cúcuta, aseguró que se actuó en respuesta a la comunidad que reclamó paz y tranquilidad en sus sectores. 

“Los establecimientos comerciales que fueron cerrados es porque tienen alguna causal para ello, por ejemplo, el no cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es causal de cierre”, dijo Benítez.

Y añadió: “la problemática que por años vienen enfrentando las comunidades frente al ruido, la contaminación, violencia y varios hechos generadores de inseguridad. Además en el POT no se les permite ejercer actividad comercial de establecimiento nocturno como discotecas, bares o gastrobares en zonas residenciales y, por eso, obviamente se procede como lo indica la norma: suspender la actividad”.

La funcionaria explicó dicha suspensión podría ser por tres días o por diez, en casos de aquellos que, por ejemplo, no tiene la Cámara de Comercio actualizada y tienen deudas de pago del impuesto de Industria y Comercio o no cuentan con la reglamentación vigente de Sanidad.

Dijo que cuando el establecimiento no tiene la autorización del uso de suelo y está funcionando por fuera de esta reglamentación, el proceso policivo pasa a suspender la actividad comercial de manera definitiva.

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La protesta

Para Freddy Botello un comerciante y propietario de uno de los establecimientos, las autoridades actuaron de manera arbitraria.

“Pedimos que nos den solución. Somos muchos los afectados y estamos dando trabajo a varias familias que hoy se ven afectadas. Llegaron a cerrar un fin de semana donde esperábamos trabajar muy bien por el puente festivo, pero terminamos hasta con un comparendo por la falta de uso de suelo; documento que se ha pedido, pero ha sido negado (...)”, dijo Botello, propietario de un establecimiento de La Libertad.

La comunidad estaba cansada 

Los residentes de la avenida 12 entre calles 14, 15, 16 y 17 del barrio La Libertad, después de 8 años, aseguran que fueron escuchados. 

“Esta lucha en La Libertad es por el derecho a tener una vida digna, a la privacidad familiar, al derecho al descanso y sueño. Como comunidad afectada iniciamos en la inspección 5ª de La Libertad donde se lleva el trámite policivo”, dijo un habitante.

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