Con el lanzamiento del proyecto la ‘Cárcel que Educa’, la Alcaldía de Cúcuta anunció que para mitigar la problemática del hacinamiento en la ‘Perla del Norte’, construirían un centro carcelario en el barrio El Escobal, para las personas judicializadas por delitos menores. 

Sin embargo, de ese proyecto no se volvió a escuchar nada. La ‘Cárcel que Educa’ continúa formando a la población privada de la libertad para su resocialización, pero de ese nuevo espacio no se sabe nada, lo que conlleva a que aumente la preocupación por el hacinamiento en la cárcel Modelo y en las diferentes estaciones de Policía de Cúcuta. 

De acuerdo con el defensor del pueblo, Jaime Marthey, esta problemática es “muy grave”. 

“Hay un hacinamiento del 700% en la ciudad, hay 700 internos que no tienen que estar en ninguna estación de Policía porque ninguna es apta para albergar internos, desde el punto de vista de los propios internos y de las comunidades que viven en el entorno de cada una de las estaciones de Policía”, precisó. 

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Marthey además explicó que allí se generan situaciones que vulneran derechos fundamentales de las personas, cosa que no está prevista en el ordenamiento jurídico colombiano pues atenta contra cualquier Estado Social de Derecho. 

“De los internos que están en las estaciones de Policía ninguno está condenado, todos están en condición de sindicados, nosotros seguimos lamentando la inoperancia de las entidades territoriales, para ser más enfático de las Alcaldías, en este caso de la Alcaldía de Cúcuta que no toma correctivos, que no tiene dispuesta una política pública para atender el problema de las personas privadas de la libertad como la ley lo ordena”, sentenció. 

El defensor además señaló que en la modelo hay aproximadamente 900 internos a los que se les están vulnerando los derechos.

“Toda esta situación además afecta la seguridad ciudadana porque todos los policías o la gran mayoría que están en las estaciones, se están dedicando a cuidar a los detenidos como guardianes del Inpec, lo que disminuye la capacidad operativa que puedan tener frente a sus comunidades y contrarrestar el accionar delictivo”, acotó Marthey. 

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Es tan crítica la situación, que hasta los uniformados realizan colectas para darles de comer a los detenidos. 

Sí está en marcha

Sobre el proyecto del centro de reclusión transitorio en El Escobal, el secretario de Gobierno, Cristian Buitrago, dijo que se están trabajando y que el terreno ya está ubicado. 

“El terreno es del municipio y está en la zona del antiguo Escobal y que por temas de seguridad queda distante de la zona poblada, hicimos una visita con unos consultores externos que vinieron y que además cuentan con una tecnología para la construcción de cárceles modulares en Colombia, ellos evaluaron el terreno y nos presentaron una propuesta que estamos trabajando e identificando”, explicó.

El trabajo se adelanta con Asocapitales para verificar que este proyecto cumpla con los requerimientos técnicos que la política carcelaria exige a nivel país. 

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Ahora, hay que esperar una validación para confirmar si el terreno cumple con las condiciones de seguridad necesarias, porque estas cárceles necesitan varios componentes en seguridad. 

“Ya tenemos el diseño de la cárcel modular para ser presentado junto con el terreno ante el Ministerio de Justicia para que a través de ellos y del Ministerio del Interior, primero, podamos recibir una cofinanciación en su posible construcción y, segundo, que se valide la construcción de este centro transitorio de reclusión. 

La idea inicial del valor de este proyecto está por el orden de $14.000 millones y esta propuesta sería presentada luego de que Asocapitales valide el terreno.

Asimismo, proponen que el nuevo Gobierno Nacional incluya este tema en su plan de desarrollo.

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Con respecto a los señalamientos sobre que no se ha trabajado para mitigar el hacinamiento, el funcionario precisó que con la ‘Cárcel que Educa’ se ha generado un inter-relacionamiento con el Inpec en el que se suscribió un convenio por $550 millones y por eso, a la cárcel Modelo llegan periódicamente algunos de los privados de la libertad que están en las estaciones de Policía.

“Este año vamos a suscribir  un nuevo convenio por $600 millones de pesos para continuar… Eso nos ha permitido como municipio trasladar cerca de 200 personas hacia la Modelo, tal y como lo vimos en el último bimestre”, finalizó el funcionario.

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