La captura de Jeison Omar Pabón, alias Pepino, y el consecuente desmantelamiento de la banda delincuencia que lideraba, es uno de los golpes más importantes perpetrados por la Policía Nacional contra el crimen organizado en Cúcuta, sin embargo, para el alcalde Jorge Acevedo este hecho no garantiza que dejen de delinquir ahora desde la cárcel.

Frente a este fenómeno, reconocido por las propias autoridades, el alcalde Acevedo lanzó una propuesta temeraria el pasado fin de semana: gestionar desde el gobierno colombiano el traslado de presos de alta peligrosidad a la megacárcel construida en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.

“Hoy tenemos una preocupación, que estos bandidos desde la cárcel sigue delinquiendo, muchos están en la cárcel y desde allá continúan las extorsiones, a veces no sabemos qué es mejor: que estén presos o que estén libres y tenerlos arrinconados”, expresó el alcalde a través de un mensaje en sus redes sociales.

A renglón seguido, en el mismo mensaje, soltó que “hoy el mensaje es al presidente Petro, al gobierno nacional. Sabemos que su relación con Bukele no es la mejor, pero si pudiéramos hacer una negociación, llevar para allá (El Salvador) por lo menos 100 de estos bandidos, sería maravilloso; y si tengo que poner plata como municipio, la pongo, prefiero invertir ahí para prevenir estas extorsiones. Tenemos que trabajar contra la inseguridad desde las cárceles”.

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Sin embargo, la iniciativa no deja de ser solo una idea cargada de buenas intenciones, toda vez que carece de todo asidero legal.

Norberto Hernández, experto en tema jurídicos y penalistas de la Universidad Javeriana, calificó que la propuesta de por sí es “populista”, porque busca el encarcelamiento masivo bajo el principio de “el que la hace, la paga, sin resolver los problemas estructurales que llevan a la comisión del delito”, dijo.

Asimismo, señaló que es improcedente e inconstitucional “porque la ley colombiana rige para todos los delitos cometidos en el territorio nacional y las personas que lo cometan, inclusive siendo extranjeros, las únicas excepciones son en virtud de la extradición, que a su vez es un mecanismo de cooperación internacional cuando otro Estado lo está reclamando, y que no es el caso aquí”, señaló.

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Reformas a la justicia y al Inpec

Pero más allá de que es una propuesta sin fundamento legal, es una petición que surge por una gran desconfianza en las capacidades del sistema penitenciario.

Arturo Ramos, abogado y exfuncionario del Inpec, señaló que frente a los problemas estructurales del sistema carcelario y penitenciario “es necesaria una reforma de la justicia y una reestructuración del Inpec, que permita la eliminación de los factores que propician o facilitan la corrupción en los centros de reclusión”, indicó.

Señaló que lo que debe suceder mientras las reformas se producen es que, para los casos de privados de libertad con perfiles como los de ‘Porras’ o ‘Pepino’, “deben ser aislados totalmente de los demás privados de la libertad y recluidos en complejos carcelarios de alta seguridad, como La Picota o Cómbita”, dijo.

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Aseguró además que el Inpec tiene la capacidad de mantener aislados a privados de la libertad, sin acceso a celulares y a cualquier medio que les permita delinquir desde la cárcel; pues cuenta con grupos especiales que se encargan de realizar intervenciones con prisioneros de alta peligrosidad, para evitar que la corrupción toque a los funcionarios.

“Esto ya lo hemos visto, cuando hemos tenido que custodiar a internos como Don Berna, Don Mario, Garavito, y muchos más. Lo que falta es voluntad, un diálogo serio respecto de la necesidad de controlar a este tipo de personas, que una vez capturadas y a disposición del Inpec, siguen delinquiendo. Se necesitan reformas, sí, pero podemos avanzar con lo que tenemos”, aseguró.

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