El pasado viernes 14 de agosto, la Contraloría Municipal de Cúcuta citó a diferentes secretarías de la Alcaldía de Cúcuta a un espacio de diálogo institucional y social, con el objetivo de conocer los compromisos y avances relacionados con los estudios y las acciones para mitigar los riesgos asociados a eventos sísmicos.
La Contraloría convocó este espacio debido a los terremotos registrados recientemente en Venezuela y Colombia, y teniendo en cuenta que Cúcuta se encuentra ubicada en una zona con un alto índice de amenaza sísmica.
Entre las dependencias citadas se encontraban las secretarías de Salud, Gestión del Riesgo de Desastres y Educación, cuyos representantes presentaron las acciones y propuestas encaminadas a mitigar las posibles consecuencias de un terremoto de gran magnitud.
Los que se ha adelantado
Fabián Prato, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta, aseguró que, con el fin de mitigar los posibles riesgos asociados a un terremoto, actualmente se adelanta la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, documento que sirve como guía para atender las diferentes amenazas que enfrenta la ciudad.
“La actualización la empezamos el año pasado junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y ya se tiene un avance del 60 %. Esperamos, a finales de este año, tenerlo listo y revisado por la UNGRD para, a partir de ahí, consolidar la respuesta”, agregó.
Asimismo, el funcionario aseguró que, dentro de los diferentes riesgos que podrían afectar a la ciudad, la Administración municipal ha priorizado los relacionados con sismos. Según indicó, esta decisión se tomó durante un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en el que los asistentes coincidieron en la necesidad de trabajar sobre esta amenaza.
A partir de esta determinación, la Secretaría ha adelantado campañas de prevención frente al riesgo sísmico, simulacros nacionales y actividades de sensibilización en instituciones educativas y empresas de la ciudad.
“También se ha hecho la cartografía social en varias comunas y en la zona rural para identificar riesgos y crear estrategias con la comunidad”, añadió Prato.
Por su parte, Taiz del Pilar Ortega, secretaria de Salud municipal, afirmó que la dependencia cuenta con un equipo interno de respuesta inmediata para atender este tipo de emergencias. También explicó que se han enviado medidas preventivas a gerentes, directores y representantes legales de las IPS públicas y privadas.
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De acuerdo con la funcionaria, estas medidas de preparación y respuesta incluyen el análisis de los equipos biomédicos, la infraestructura y la revisión de los planes de emergencia de las instituciones de salud. Adicionalmente, la secretaria informó que se gestionan recursos para la construcción del segundo nivel de atención del Policlínico de Atalaya.
“Son 170.000 millones de pesos de inversión. Esto será importante porque permitirá tener muchas más camas disponibles para la atención en caso de sismos”, precisó.
Entretanto, la Secretaría de Educación de Cúcuta informó que, aunque ya cuenta con una evaluación inicial de la infraestructura de los establecimientos educativos oficiales, es necesario profundizar en este diagnóstico para determinar el grado de afectación y articular con las secretarías de Planeación, Gestión del Riesgo e Infraestructura un proyecto integral que permita atender esta problemática. Igualmente, la dependencia hizo un llamado al autocuidado y a la activación de los consejos escolares de gestión del riesgo, con el propósito de preparar a la comunidad educativa ante una eventual emergencia y reducir sus consecuencias.
Conclusiones de la reunión y compromisos
Según el contralor municipal, Pedro Durán Barajas, el encuentro dejó tres conclusiones que permitirán a las diferentes dependencias trabajar de manera articulada con las comunidades y los concejales en la elaboración de planes de contingencia y rutas de atención ante futuros eventos sísmicos.
Como primera conclusión, se acordó que el municipio deberá avanzar, a la mayor brevedad posible, en la formulación del proyecto bajo la Metodología General Ajustada (MGA), herramienta requerida para los proyectos de inversión pública.
El propósito es que el alcalde pueda tomar, el próximo año, la decisión de dar cumplimiento a la Ley 400 de 1997, que establece disposiciones relacionadas con la construcción sismorresistente y contempla la realización de estudios de microzonificación sísmica en municipios que cumplan determinadas condiciones.
Como segundo compromiso, se planteó que la Administración municipal fortalezca la socialización de la amenaza sísmica entre los diferentes sectores de la ciudad, de manera que los ciudadanos conozcan cómo actuar y cuáles son las rutas de evacuación en caso de presentarse un evento sísmico de gran magnitud.
Esta labor estará a cargo de la oficina de Gestión del Riesgo, con el acompañamiento de los representantes de las juntas de acción comunal.
Se determinó que el municipio deberá realizar una evaluación de las condiciones estructurales de los planteles educativos y establecer un cronograma para el reforzamiento de aquellas edificaciones que lo requieran.
Con el apoyo de Angie Jaimes practicante de periodismo.
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