A un mes de finalizar el periodo de la alcaldía de Jairo Yáñez, el secretario de Educación, Luis Eduardo Royero renunció al cargo. 

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En diálogo con La Opinión, el saliente funcionario manifestó que su renuncia obedecía al vencimiento de la comisión que le había autorizado el sistema educativo para ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción desde noviembre de 2020. 

Y es que, el ahora exsecretario, antes de llegar a la Alcaldía de Cúcuta se desempeñaba como directivo docente (coordinador) de una institución educativa de la ciudad. 

Sin embargo, explicó que, de acuerdo con el Decreto 1278 de 2002 que establece el Estatuto de Profesionalización Docente, a los funcionarios de carrera administrativa como él, se le había otorgado por ley, un plazo de tres años (no acumulables), para vincularse a una entidad territorial, en este caso a la Alcaldía de Cúcuta. 

Tiempo en el que inicialmente se desempeñó como director del Centro Tecnológico de Cúcuta, para luego asumir como secretario de Educación Municipal. 

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“Cuando asumí este cargo (secretario de Educación) ya tenía un tiempo más reducido. El día de hoy (ayer) 30 se me cumplen los tiempos para el uso de esa comisión y debo regresar al sistema educativo el día de mañana (hoy) primero de diciembre”, mencionó Royero. 

El funcionario indicó que la administración municipal, por ley, tuvo que aceptar su renuncia, ya que los plazos se vencieron y no se pueden ampliar. 

“El término por el cual se concede una comisión en un empleo de libre nombramiento y remoción es hasta por tres años, en la misma entidad o en otra, para su caso en concreto, una entidad descentralizada del orden municipal o en una dependencia de una entidad territorial. Entendiéndose que, una vez cumplido dicho término no podrá otorgarse otra comisión de este tipo”, precisa el artículo 56 del Decreto 1278. 

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Uno más 

Con Royero, se completan tres secretarios de Educación que renuncian a esta dependencia en la administración de Jairo Yáñez. 

Y es que el cargo lo asumió en reemplazo de Jessica Ramírez, quien dimitió al cargo en abril de 2022, luego de la crisis generada por la imposibilidad de contratar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la ciudad. 

El primer secretario de Educación de Cúcuta y quien comenzó en la administración de Yáñez fue Arturo Charria, quien renunció, al parecer, por los problemas de liderazgo, comunicación y sinergia con el mandatario. 

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Así las cosas, se espera que en las próximas horas la Alcaldía de Cúcuta designe al cuarto secretario de Educación que tendrá que finalizar el periodo de administración de Yáñez que va hasta el 31 de diciembre de 2023. 

El nuevo funcionario tendrá entonces que asumir el tema de las audiencias que están en curso para asignar las plazas a los docentes que pasaron el concurso realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil y por las cuales ya se han generado protestas y denuncias, debido a los atrasos presentados. 

Asimismo, tendrá que garantizar el proceso de contratación del PAE para el inicio del calendario escolar en la vigencia 2024 y ponerle la lupa a las denuncias hechas por algunos padres de familia sobre los supuestos cobros que están haciendo varios colegios de la ciudad en los trámites de matrículas de estudiantes nuevos y antiguos. 

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¿En qué va lo de las aseadoras?

Y de igual forma, al nuevo secretario de Educación le tocará enfrentar la situación relacionada con las trabajadoras encargadas de mantener la higiene y el orden en varios planteles educativos de la ciudad, quienes han venido denunciando en las últimas semanas que no les han pagado su sueldo desde el mes de septiembre. 

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En este sentido, La Opinión conoció que la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, le puso la lupa al tema, enviando un oficio ‘misional preventivo’, en el que le solicitó a la Alcaldía de Cúcuta que dé información sobre la empresa con la que se hizo la contratación de las trabajadoras y si se evaluó la capacidad financiera de la misma. 

Asimismo, que certifique el número de personas contratado y el estado de pago de las trabajadoras y del pago de cuentas de la empresa contratada, en este caso, la Unión Temporal Grupo ADIN. 
No obstante, en las últimas horas se conoció por parte de la Alcaldía de Cúcuta que las 230 mujeres afectadas por esta situación, lograron inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT) para recibir el pago de sus honorarios. 

“Con el fin de agilizar los pagos de las contratistas que hacen parte de la Unión Temporal Grupo ADIN, la Alcaldía de Cúcuta propuso liquidar directamente a cada una de ellas el pago correspondiente a sus periodos trabajo”, informaron. 

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Pero, para adelantar este proceso, el principal requisito era estar inscritas en el RUT, sin embargo, la mayoría de las contratistas no contaban con este documento, por lo que se tuvo que gestionar ante la seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) una jornada masiva de inscripción del RUT en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda.

Orlando Miranda, secretario de este despacho, señaló que desde septiembre las contratistas no han recibido sus honorarios debido a las demoras en el pago de la seguridad social por parte de la Unión Temporal que las tiene vinculadas.

Se espera que luego de este proceso, la alcaldía continúe con el trámite interno correspondiente para hacer efectivo el pago de los salarios del personal de servicios generales que anteriormente estaban vinculadas a la Unión Temporal ADIN.

¿Qué pasó?

Fueron 250 aseadoras de colegios públicos las que decidieron hacer públicas sus denuncias en el mes de octubre, ante la ausencia de la remuneración salarial durante casi 50 días. 

Las mujeres fueron contratadas por el Grupo ADIN, una empresa con sede en Bogotá, con la que firmaron un contrato que estipulaba su empleo desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre y el pago de un salario mínimo mensual vigente ($1.160.000 pesos) que se debía realizar los 10 de cada mes, pero que, hasta el momento nunca se efectúo. 

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Asimismo, varias de las afectadas denunciaron que fueron despedidas a tan solo 23 días de trabajo y consideraron que los motivos están relacionados con pedir traslados, quejarse sobre los colegios en los que estaban o presentar alguna condición de discapacidad.

Sin embargo, en la carta de despedido aparecía que el “periodo de prueba y aprendizaje, título II, artículo 76 del Código Sustantivo de Trabajo, a su vez la cláusula sexta” fueron las causas para dar por terminado el contrato.

Por ahora, las trabajadoras esperan que la administración municipal les cumpla con lo pactado. 

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