Una nueva confrontación sacude a la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) en medio de denuncias sobre presuntas maniobras para asegurar el control político y administrativo del Consejo Superior Universitario, de cara a la elección del próximo rector del alma mater, prevista para finales del presente año para el período 2026-2028.
En el centro de la controversia vuelve a aparecer el nombre del exrector Héctor Parra, cuya reciente designación como delegado de los exrectores ante el Consejo Superior fue suspendida temporalmente por decisión judicial, luego de una tutela interpuesta por la exrectora Claudia Toloza.
La discusión no solo puso bajo alerta a todos los estamentos universitarios del alma mater alrededor del llamado “parrismo”, sino que también desencadenó una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades en la conformación de mayorías dentro del máximo órgano de dirección universitaria.
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Una elección cuestionada
De acuerdo con información conocida por La Opinión, el pasado 28 de abril se realizó una sesión en la que Héctor Parra fue elegido representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario para el período 2026-2028. Sin embargo, la sesión terminó convertida en el origen de una disputa jurídica y política que hoy mantiene suspendidos los efectos de esa designación.
En los hechos narrados por Toloza en la tutela, se indicó que el Estatuto General de la universidad prevé la participación de un exrector en el Consejo Superior Universitario, pero no establece requisitos de idoneidad, inhabilidades, procedimiento de selección ni causales de pérdida de la representación, “configurándose una laguna normativa”.
Añade que, por vía de integración normativa, debe aplicarse el Acuerdo No. 029 de 1996, el cual exige para los representantes de egresados no haber sido objeto de sanciones disciplinarias o legales. Sin embargo, se afirma que entre los aspirantes inscritos se encontraban Héctor Miguel Parra López y Pedro Avilio Ontiveros Gil, quienes registran sanciones ejecutoriadas.
Respecto del primero, afirmó que “fue sancionado disciplinariamente mediante fallo de segunda instancia del 6 de diciembre de 2012 por una falta grave cometida a título de culpa durante su ejercicio como rector de la universidad, relacionada con la omisión de suspender pagos salariales a un docente pese al incumplimiento de requisitos legales”.
En cuanto al segundo, señaló que “fue sancionado mediante resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional en 2021, consistente en multa equivalente a ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes, por participar en la sesión del Consejo Superior Universitario que designó rector para el período 2021-2025, decisión posteriormente anulada por el Consejo de Estado”.
Estos hechos fueron denunciados ese mismo día por la Veeduría Ciudadana Procuraduría UFPS.
Las críticas se concentraron en que la elección habría sido adelantada únicamente con cinco de los nueve integrantes del Consejo Superior, entre ellos Jesús Alberto Manzano, Leonardo Sánchez, Gustavo Ospina, Luis Eduardo Trujillo y Pedro Ontiveros. No habrían sido convocados los delegados del presidente Gustavo Petro, del Ministerio de Educación y de la Gobernación.
“La discusión de fondo es si se violaron o no los estatutos universitarios para mantener unas mayorías dentro del Consejo Superior”, señaló una fuente cercana al proceso judicial.
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El pulso por las mayorías
La controversia tomó una nueva dimensión semanas después, cuando vencieron los períodos de Pedro Ontiveros y Germán Ospina dentro del Consejo Superior.
Con su salida, el bloque que respaldaría las decisiones cercanas al exrector Parra habría perdido dos votos clave.
Actualmente, según fuentes consultadas, los apoyos estarían divididos entre tres integrantes identificados como cercanos al denominado “parrismo”: Luis Manzano, Luis Eduardo Trujillo y Leonardo Sánchez, representante de los egresados.
Del otro lado aparecen los delegados respaldados por la Gobernación, el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República, quienes han insistido en la posesión del representante de los gremios económicos, Jairo Bautista, elegido también el 28 de abril.
Sin embargo, un mes después de su elección, Bautista aún no ha podido posesionarse. Ese hecho mantiene al Consejo Superior en un escenario de empate político: tres votos contra tres.
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La tensión quedó evidenciada durante una reciente sesión realizada el 27 de mayo, en la que, según quedó consignado en actas y testimonios conocidos por este diario, se presentaron fuertes discusiones y constantes interrupciones.
La delegada de la Gobernación, Sonia Arango, decidió retirarse de la reunión, dejando constancia de lo que calificó como un trato irrespetuoso y hostil que, según su versión, le impidió intervenir en igualdad de condiciones.
La tutela que frenó a Parra
El episodio derivó en varias acciones jurídicas.
La exrectora Claudia Toloza interpuso una tutela ante el Juzgado Catorce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta, argumentando que nunca fue convocada a la sesión en la que se eligió a Héctor Parra como representante de los exrectores.
Dicho juzgado falló a su favor y ordenó suspender provisionalmente los efectos del Acuerdo 239, mediante el cual Parra había sido designado ante el Consejo Superior.
La decisión judicial consideró, entre otros aspectos, posibles irregularidades en la convocatoria, dudas sobre la legalidad del quórum y la falta de resolución frente a cuestionamientos sobre la viabilidad jurídica de que Parra ocupara nuevamente ese asiento.
La universidad impugnó el fallo y actualmente el caso es revisado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito.
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Si la decisión definitiva concluye que la elección fue irregular, el Consejo Superior tendría que repetir el proceso de elección del representante de los exrectores.
El trasfondo: la próxima rectoría
Detrás de la disputa jurídica y administrativa sale a flote otro elemento que explica la intensidad de la confrontación: la próxima elección del rector de la UFPS.
El período de la actual rectora Sandra Ortega finaliza este año, y distintas fuentes universitarias aseguraron a La Opinión que el verdadero objetivo de la recomposición del Consejo Superior sería garantizar las mayorías necesarias para influir en esa elección.
Sectores críticos sostienen que la llegada de Parra al Consejo Superior permitiría reconstruir un bloque de cinco votos favorables dentro del organismo, suficiente para definir la futura rectoría.
La controversia creció aún más tras conocerse versiones internas según las cuales Sandra Ortega estaría evaluando la posibilidad de renunciar antes de terminar su período para habilitarse como candidata a una nueva elección.
En los corrillos universitarios, esa eventual aspiración ya es interpretada como una ficha cercana al denominado “parrismo”.
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Mientras tanto, desde sectores académicos y administrativos se insiste en que la universidad atraviesa nuevamente una crisis institucional marcada por divisiones internas, disputas por el control del Consejo Superior y cuestionamientos sobre el manejo de los estatutos.
A la par del proceso judicial, otro frente permanece abierto.
Carlos Bolívar, delegado de la Presidencia de la República ante el Consejo Superior, denunció que dejó de ser convocado a las sesiones del organismo y, por ello, interpuso una tutela que también falló a su favor.
La decisión ordenó restituirle plenamente sus derechos dentro del Consejo Superior y garantizar su participación en las convocatorias.
Bolívar aseguró que la sanción disciplinaria que enfrenta no le impide continuar ejerciendo como delegado presidencial ante la universidad.
Lo que se observa en el horizonte es un segundo semestre de 2026 decisivo, con un Consejo Superior fracturado, procesos judiciales en curso y una disputa abierta por el control del principal órgano de poder universitario, detrás del cual, para muchos en la universidad, está el exrector Héctor Parra.
La Opinión llamó a los exrectores Claudia Toloza y Héctor Parra, así como a la delegada del gobernador, Sonia Arango, a fin de confrontar los señalamientos y cuestionamientos que se hacen sobre las presuntas irregularidades que rodearon la elección de Parra en el Consejo Superior Universitario, pero todos guardaron silencio.
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