La Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología (Acosemillas) solo tiene cifras sobre el comercio ilegal en ciertos productos; por ejemplo, en la papa solo se utiliza el 10% de semillas legales, el restante 90% son de contrabando.

“En el maíz el 85% de semillas son legales; en el arroz, solo el 20% de la semilla sembrada es legal; y en la soya, el 17%”, precisó a La Opinión Acosemillas, que no cuenta con datos detallados sobre Norte de Santander, aunque reconoció que por ser frontera se incrementa el uso de simientes de contrabando.

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El gerente general de la asociación, Leonardo Ariza Ramírez, indicó que las semillas tradicionales (nativas y criollas) no están reguladas por la normativa. Las formales son las registradas ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que fueron seleccionadas y certificadas. 

“Estas semillas son de carácter comercial (grandes extensiones) y son las que sufren los problemas de ilegalidad como piratería y contrabando. En Norte de Santander, por ejemplo, se da el fenómeno de la piratería en semillas de arroz y cebolla ocañera”, recalcó. 

La meta: 80% de formalidad

Para enfrentar el problema, el gremio pidió al Gobierno la implementación obligatoria de la factura electrónica de compra de semilla autorizada y la trazabilidad integral de la cadena como mecanismos clave de fiscalización y control.  

Esta estrategia de largo plazo fija una meta transformadora ambiciosa: lograr en dos años que el sector formal suministre mínimo el 80% del material requerido para los principales cultivos del país.

Para alcanzar esta transformación, trabajarán en dos prioridades estratégicas y cuatro motores de ejecución:   

• Legalidad de las semillas. Centrada en combatir la comercialización no autorizada, fortalecer el mercado formal, proteger los derechos de los obtentores, elevar la trazabilidad desde la producción hasta el consumidor e intensificar los controles interinstitucionales.   
• Biotecnología y clima. Enfocada en destrabar, como ya se viene haciendo con el nuevo gobierno, las solicitudes de eventos biotecnológicos, con el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad, actualizar las regulaciones con criterios científicos y facilitar el acceso a tecnologías que preparen los cultivos ante el cambio climático y mejoren la rentabilidad del campo colombiano.  

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“Todas estas medidas, sumadas a la visión estratégica de largo plazo de Acosemillas estarán acompañando y liderando este proceso para garantizar que el campo colombiano sea rentable, productivo, legal y sostenible”, concluyó el dirigente gremial.  

El plan se apoya en una sólida presencia gremial y la articulación institucional entre Gobierno, ICA, academia e industria, el enfoque integral de cadena (semilla-productor-agroindustria-consumidor) y la generación de valor constante mediante innovación y servicios para los agremiados.  

Dejan pérdidas severas

De acuerdo con el gremio, el empleo de semillas sin autorización previa del ICA suele presentarse como una alternativa económica atractiva, pero genera pérdidas severas a mediano y largo plazo. 

Recalcó que estos insumos no autorizados carecen de las evaluaciones genéticas, físicas, fisiológicas y sanitarias indispensables para enfrentar tanto los fenómenos climáticos adversos, como plagas y enfermedades que atacan a los cultivos.

“Sufrimos de un fenómeno importante de pirateo de semillas, que no tienen la trazabilidad ni el control de registros en el ICA. A veces salen a mitad de precio de las semillas autorizadas y la gente cree que se está ganando una plata, pero la verdad lo que están llevando son problemas al campo: enfermedades, plagas y malezas”, advirtió Leonardo Ariza Ramírez.

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El gerente general de Acosemillas resaltó que, por el contrario, el uso de las simientes de calidad aprobadas y reguladas asegura el cumplimiento de las normativas vigentes para cultivos de carácter comercial. 

Según Ariza, iniciar un proyecto agrícola con material certificado garantiza hasta un 40% del éxito en la rentabilidad final del cultivo, el cual debe complementarse con análisis de suelos, planes de fertilización adecuados y buenas prácticas de manejo integrado.

Para frenar la comercialización no autorizada, la asociación trabaja de la mano con el Ministerio de Agricultura en la Mesa Sectorial de Semillas y Biotecnología. Dentro de esta instancia, una de las solicitudes principales al Gobierno es condicionar el acceso a los beneficios estatales a la presentación de la factura electrónica que compruebe la adquisición legal de la semilla.   

La propuesta abarca no solo a los agricultores individuales, también a los compradores industriales, como los molinos de arroz y las plantas de alimentos balanceados. La intención es que estas industrias también exijan la factura de compra de semilla autorizada al momento de recibir los granos y materias primas.   

Adicionalmente, el gremio insiste en la necesidad de estructurar un sistema de trazabilidad que acompañe a cada eslabón del proceso: desde el productor de semillas y los distribuidores, pasando por las fincas agrícolas, hasta la transformación industrial y el consumidor final.  

Para llevar a cabo este seguimiento en el territorio, se prevé el trabajo articulado entre el ICA, la Policía y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Mediante brigadas de control conjuntas, estas entidades verificarán que los establecimientos distribuidores cuenten con el registro oficial ante el ICA y cumplan con las obligaciones fiscales.   

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